Para el gobierno de Estados Unidos, el encarcelamiento del exsecretario de Seguridad Pública forman parte de una acción enfocada a neutralizar a los responsables del tráfico ilícito de fentanilo
La narrativa impulsada por la Cuarta Transformación, está claro, tiene alcances limitados. La visión local sobre el caso Genaro García Luna quiere tornar el juicio de Brooklyn hacia la restitución de los fondos presuntamente desviados por el funcionario calderonista en la implementación de la Plataforma México.
Para el gobierno de Estados Unidos, el encarcelamiento del exsecretario de Seguridad Pública forman parte de una acción enfocada a neutralizar a los responsables del tráfico ilícito de fentanilo.
Y justo una semana antes de que el jurado decidiera por unanimidad sobre la culpabilidad de García Luna, en el Capitolio ocurrió una audiencia citada por el Comité de Relaciones Exteriores sobre el papel de los cárteles mexicanos en las cadenas de suministro de fentanilo, las repercusiones de esta crisis en la migración y la seguridad fronteriza.
En juego, los términos de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México para lo que resta del mandato de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.
Y la evidencia mostrada por los funcionarios de la DEA y de la Casa Blanca citados por los senadores fue contundente: la materia prima llega desde China a territorio mexicano, donde los cárteles producen fentanilo en laboratorios clandestinos.
La bancada republicana habla de una crisis en la frontera, propiciada por Biden y sostiene que los migrantes que solicitan asilo también estén traficando con fentanilo. Los funcionarios que rindieron testimonio confirmaron que el fentanilo llega principalmente a través de los puntos de entrada, pero no ofrecieron evidencia contundente que criminalice a los solicitantes de asilo, aunque aceptaron que en territorio estadounidense, los principales traficantes de fentanilo son el CJNG y el Cartel de Sinaloa.
Los republicanos Bill Hagerty, Ted Cruz y James Elroy Risch alzaron la voz. Empero, los legisladores Cory Booker, Chris Murphy, Bob Meléndez y Chris Van Hollen está entre los más críticos con la inopia mexicana.
Por ahora, ambos bandos insisten en que la administración Biden trabaje con sus contrapartes en China y México para interrumpir estas cadenas de suministro. Y están ciertos de que el gobierno mexicano no hace lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo.
La activación de la segunda fase del Entendimiento Bicentenario —cuya extensión fue acordada en la Cumbre de Líderes de América del Norte, hace dos meses— dependía de ello.
Frenar la epidemia del fentalino en esta región del continente es prioritario para Biden y López Obrador, además del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Y ese objetivo pasa necesariamente por intensificar y ampliar los esfuerzos coordinados para perseguir a los narcotraficantes, desmantelar las redes criminales, interrumpir el suministro de precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas y prevenir el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México.
López Obrador designó a la secretaria de Seguridad y Protección Civil, Rosa Icela Rodríguez, como encargada de dar seguimiento a estos compromisos y de implementar la segunda fase del acuerdo de colaboración que sustituyó la Iniciativa Mérida.
Efectos secundarios
EMERGENTE. El pasado fin de semana, en un hotel de la Zona Rosa, representantes de asociaciones que conjuntan a empresas de la industria del juego con presencia en Colombia, Chile, México y Paraguay llegaron a un acuerdo de principio para explorar una posible agrupación latinoamericana. Al evento, de última hora, no acudieron autoridades del gobierno federal ni del gobierno capitalino.