Los nuevos dueños del PAN analizaron el escenario de corto plazo: Tamaulipas y Durango irremediablemente llegarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Marko Cortés desayunó ayer 8 de junio, con sus coordinadores parlamentarios, el senador Julen Rementería y el diputado federal Jorge Romero. Con ellos estuvo el exalcalde de San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal García.
El recuento de la jornada electoral era el tema obligado del encuentro. La defensa de Aguascalientes había sido encargada a la dupla Santiago Creel Miranda y Luis Alberto Villarreal. El saldo es positivo: Tere Jiménez se impuso a la morenista Nora Ruvalcaba, pero no fueron los 25 puntos de ventaja que prometió el exsecretario de Gobernación del foxismo ni el exlegislador guanajuatense.
De Tamaulipas, ni hablar. ¿Y de Hidalgo? ¿Y de Quintana Roo? Durango se cuece aparte, dado el resultado. El priista Esteban Villegas fue el abanderado del capítulo local de la coalición Va por México, mientras que el PAN se quedó con la alcaldía de la capital duranguense. El mapa electoral de aquella entidad quedará configurado con 20 alcaldes morenistas y 19 aliancistas.
La fórmula aliancista, empero, fracasó en Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo. En esta última entidad se renovó el Congreso local y la pulverización de la oposición a Morena facilitará la unción de la futura gobernadora, Mara Lezama.
Caras largas en el cónclave de El Balmoral. Los nuevos dueños del PAN analizaron el escenario de corto plazo: Tamaulipas y Durango irremediablemente llegarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Inesperada y dolorosa, la derrota de César el Truko Verástegui. Pero Morena cuenta con las pruebas suficientes para emprender una nueva ofensiva contra el gobernador saliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien trató de evitar el triunfo de Américo Villareal, con la nulificación de su estructura electoral.
Antes y durante las votaciones —de acuerdo con fuentes morenistas— fueron detenidos 30 líderes de tierra, entre ellos personal directo del equipo de campaña, por elementos del GOPES de la Policía Estatal e integrantes de la policía investigadora, adscrita a la Fiscalía de Tamaulipas. Las acusaciones versan sobre diversos delitos electorales.
Durante la campaña —señalaron— la Fiscalía integró carpetas de investigación para incriminar a los alcaldes morenistas de Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Matamoros, además de familiares directos del candidato izquierdista, lo que obligó a un éxodo.
Efectos secundarios
REGAÑO. Olga Sánchez Cordero, en su calidad de presidenta de la Comisión Permanente, externó un llamamiento a los diputados y senadores que intervienen en ese órgano deliberativo para frenar el intercambio de ofensas, descalificaciones e injurias. “El debate respetuoso ayudará a mantener un ambiente parlamentario de altura y enfocado a expresar opiniones y argumentos que, si bien pueden ser encontrados, resaltan la convivencia política”.
CONFRONTADOS. De la mañanera no salen los temas de Napoleón Gómez Urrutia. Ayer, el Ejecutivo federal tuvo que responder a los amanuenses del grupo de acreedores que reclamaron el pago de 55 millones de dólares más intereses, frente a las oficinas del gobernador Alfonso Durazo en Hermosillo. El gobernador tuvo que asumir el compromiso de apoyar la causa de los acreedores, respaldada por reiterados laudos y resoluciones judiciales que condenan a Gómez Urrutia a pagar. A Napoleón le tiene muy nervioso que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, advirtió desde finales de 2021, que el gobierno federal vigilará el cumplimiento de las resoluciones laborales y judiciales que condenaron al senador al pago de esos recursos, mismos que fueron otorgado por la minera Grupo México para se entregaran a los extrabajadores de la mina de Cananea, pero que se quedaron extraviados en las chequeras de Napito.
REVÉS. Por mayoría, el Pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa votó la nulidad del bloque de las cuentas bancarias de Natalia Ángel Gutiérrez y la empresa JAR Trasnacional Line, decretadas hace dos años por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La ponencia fue elaborada por el magistrado Alfredo Salgado Loyo.
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