Detrás del caso Terla

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Alberto AguirreSignos vitales

El 22 de junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP remitió a la FGR otra pesquisa contra los hermanos Zaga Tawil, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

Más que el castigo a la corrupción, la Cuarta Transformación ha encontrado en el cobro de las deudas tributarias una forma expedita y certera para devolver al pueblo lo robado. Algunos casos han sido inapelables. Otros están en fase litigiosa y con riesgo de perderse. Unos de los más emblemáticos involucra al Infonavit, no obstante que el gobierno federal “recuperó” 2,000 millones de pesos y la propiedad de las marcas comerciales de ese organismo.

Mucho se ha escrito sobre el caso Terla. En el 2017, la administración que entonces encabezaba el exsenador priista David Penchyna Grub decidió pagar 5,000 millones de pesos a Telra Realty —empresa de los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawill— para evitar una demanda por daños y perjuicios tras de la cancelación del programa Mejoravit.

El último día de febrero del 2018, los representantes legales de la empresa y los abogados —por separado— consultaron al SAT sobre los gravámenes de la multimillonaria devolución y si Terla podía deducir el pago de esa indemnización a los hermanos Zaga Tawill. La autoridad fiscal, entonces a cargo de Osvaldo Santín, les dio una respuesta.

Dos años después, la Procuraduría Fiscal presentó querella en su contra, en lo que el nuevo gobierno federal consideró el mayor caso de defraudación fiscal en la historia reciente. El llenado incorrecto de la declaración de impuestos, tras de recibir la indemnización de Terla.

El 22 de junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP remitió a la FGR otra pesquisa contra los hermanos Zaga Tawil, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Seis meses después el juez liberó las órdenes de aprehensión.

El pasado 30 de abril, Teófilo Zaga fue detenido y un día después, el juez federal Iván Aarón Zeferín Hernández lo vinculó a proceso bajo la premisa de que el contrato de transacción y la indemnización pagada por Infonavit es irregular. Desde entonces está en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

Las documentales del caso Terla están disponibles en un portal informativo, donde además hay un relato pormenorizado sobre lo que es definido como una persecución contra los Zaga Tawil.

Y es que antes de las actuaciones judiciales, Rafael Zaga Tawill habría acudido a la oficina del titular de la Fiscalía General de la República. “Sin citatorio ni formalidad alguna, fue convocado a una reunión que tuvo lugar el 10 de octubre de 2019 en la que el mismo fiscal le exigió entregar los recursos que habían sido obtenidos como indemnización por el Infonavit. Si se negaba lo persiguirían con toda la fuerza del Estado”.

Justo dos años después, Teófilo Zaga Tawill permanece en Almoloya de Juárez. Alejandro Cerda y Omar Cedillo, exfuncionarios del Infonavit que fueron detenidos y vinculados a proceso. Rafael y Elías Zaga se quejan del acoso, que habría comenzado en enero del 2020, la UIF ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de la familia El-Mann y de Fibra Uno, así como las de los señores Zaga Tawil.

Un depósito de 1,000 millones de pesos que Terla Realty realizó a un fideicomiso de la familia El-Mann estaba bajo escrutinio de las autoridades. Ese dinero sería destinado a realizar una inversión en un proyecto inmobiliario en Estados Unidos.

Rafael Zaga dio testimonio de la visita que un abogado de la familia El-Mann realizó a sus oficinas, el 10 de enero de 2020, para presentarle un proyecto de acuerdo reparatorio con el Infonavit. Dos semanas después, el Ministerio Público recibió copia de los dos cheques —por 1,000 millones de pesos cada uno— transferidos por la familia El-Mann a sendas cuentas a nombre del Infonavit en BBVA-Bancomer.

Pero la UIF había bloqueado las cuentas bancarias de ambas familias y las del fideicomiso F/1401 y de F1 Management. El 6 de febrero, otro abogado de la familia El-Mann acudió al Ministerio Público entregó los cheques al coordinador general jurídico del Infonavit, Óscar Javier Priego Berezaluce. Una vez que fueran cobrados, prometió el funcionario, se daría satisfecha la reparación del daño y procedería el acuerdo reparatorio.

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