Detrás de Juan Collado

Había pasado cinco meses de su detención, después de una comida en un lujoso steakhouse en las Lomas de Chapultepec. El abogado Juan Collado Mocelo ya acusaba signos de fatiga emocional y física por su estancia en el Reclusorio. Y a la probabilidad de que contrajera la Covid-19 había que sumar varias enfermedades de alto riesgo —diabetes e hipertensión arterial— y afecciones pulmonares, por su asma.

Antes de que los agentes ministeriales fueran por él, para presentarlo ante un juez de control, ya había cotizado por los servicios de Juan Araujo Rivapalacio, quien aceptó ser parte de una representación profesional para apoyarlo en la resolución de sus pendientes, con las autoridades fiscales y eventualmente con la FGR.

Su estrategia de defensa estaba en curso, pero a finales de noviembre del 2019, María del Mar y Juan —hijos de Collado Mocelo— casualmente encontraron al entonces consejero jurídico del Gobierno de la República, Julio Scherer Ibarra, en un restaurante de las Lomas.

“Dios los puso en su camino”, resume el abogado en una carta manuscrita que —con fecha del 19 de diciembre— remitió al presidente Andrés Manuel López Obrador y cuyo facsimilar está en el expediente de la causa penal. “Mar, muy emocionada, le comentó que era el Ángel que estaba buscando hace año y medio para exponerle lo que sucede en mi caso y la situación que estamos viviendo… Encontramos en él una persona muy humana, empática y dispuesto a escuchar… Somos conocedores de las capacidades jurídicas y de gestión que en la administración pública federal desarrolla (sic), por lo que tenemos mucha fe en que el licenciado Julio Scherer Ibarra pueda ser el canal, si usted otorga su consentimiento, para encontrar una forma jurídica alterna para solucionar los diversos procesos que tengo en mi contra”.

Esa fue la primera ocasión en que Collado Mocelo formalizó su intención de acogerse a la justicia penal restaurativa y firmar un acuerdo reparatorio. Pasaron 20 meses, sin que cambiara su situación… hasta el pasado 19 de octubre.

Su solicitud del criterio de oportunidad al mismo tiempo es una denuncia contra “un aparato de poder organizado para cometer delitos por hechos de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero y extorsión” del que formaban parte Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández y David Gómez Arnau, quienes habrían seguido —de acuerdo a esa narrativa— instrucción del exconsejero jurídico.

Ahora emplazados por la FGR para responder esas acusaciones y una probable pena de hasta 40 años de cárcel, los implicados rechazan categóricamente, por inverosímiles, tales imputaciones, al igual que las versiones periodísticas propagadas durante el fin de semana pasado.

“Nos está demandando por no querer incurrir en actos ilícitos”, reviran. “Al parecer quería que hiciéramos tratos en lo oscurito. Quería que fuéramos corruptos y no lo fuimos… En ese sentido no hay engaño. Nosotros constantemente le informamos de nuestra estrategia legal y en ningún caso implicaba tráfico de influencias”.

Efectos secundarios

ELEGIBLES. Exfiscal antidrogas en la extinta PGR del foxismo, perseguido por los calderonistas y absuelto por el peñismo, Noe Ramírez Mandujano fue absuelto, pero se retiró de la función pública. Dedicado a la academia y al litigio privado desde entonces, ha decidido volver al servicio y ahora está entre los 43 aspirantes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los diputados deberán seleccionar una docena de candidatos, para someterlos a una evaluación, antes de integrar la terna que será votada en el Pleno. Entre los aspirantes más calificados también están Ubaldo López Hernández —con más de tres décadas de experiencia en el ramo—, José Luis Cervantes Martínez, y María de la Luz Quiroz Carbajal, coordinadora de atención de delitos vinculados a la violencia de género. Para bien y para mal, el favorito es Edmundo Garrido Osorio, quien será vetado por un bloque morenista resentido por su cercanía a Miguel Ángel Mancera.

DESÓRDENES. Sin registro nacional, Encuentro Solidario ha buscado consolidarse como fuerza partidista en las 32 entidades federativas. Y uno de sus principales bastiones estaría en Baja California, donde el año pasado —con Jorge Hank Rhon y Julián Leyzaola como abanderados— fue competitivo en los comicios para renovar los poderes locales y las diputaciones federales. En el Congreso local tuvieron una bancada con tres legisladores, pero la renuncia de Miguel Sammy Peña Chávez —cercano al teniente coronel Leyzaola— deja a la formación morada con apenas un integrante y al líder estatal, el exdiputado mexiquense Eduardo Bernal, sin incidencia en las políticas públicas de la gobernadora morenista, Marina del Pilar Ávila, quien sumó un voto valioso. Hugo Érik Flores, mandamás del PES, está molesto con los estrategas hankistas, por el debilitamiento de sus estructuras y el desperdicio de las prerrogativas.