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Por primera vez en la historia de la democracia mexicana, habrá una Consulta Popular. La pregunta definida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inteligible, pero Morena y el Ejecutivo federal se encargaron de que los electores tuvieran claridad de la materia: ¿los expresidentes de México deben ser enjuiciados?

El INE imprimió 93 millones de papeleras e instalará más de 57,000 mesas receptoras de la opinión ciudadana, en las que podrían votar hasta 114 millones de personas. Para tener efectos vinculantes, esta consulta requiere que acudan a expresarse al menos 37.4 millones de electores. Una meta inalcanzable, es el consenso entre los expertos. Y más, por el repunte de contagios por la Covid-19 en la mayoría del territorio nacional.

Cuatro semanas después de las elecciones más grandes de la historia contemporánea ocurrirá este ejercicio inédito. De su resultante depende, sobre todo, el futuro del INE. Y es que la dirigencia morenista ya ha responsabilizado a los consejeros electorales de los errores en la organización y la difusión de la consulta popular.

Por mandato constitucional, el INE era el único facultado para promocionarla. Su esfuerzo en las semanas recientes, de acuerdo a los líderes del partido mayoritario, ha sido limitado y a destiempo. El presidente del CEN morenista, Mario Delgado, adelantó que impulsará la instauración de una “comisión de la verdad” para procesar a los expresidentes.

El éxito o el fracaso de la primera consulta ciudadana a nivel federal no dependerá de la participación. El pasado 6 de junio, en las elecciones intermedias de la Cuarta Transformación acudió a las urnas 52.67% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. “El INE, como siempre, hizo su mejor esfuerzo de divulgar, de promocionar la participación de la ciudadanía, pero ya depende de cada persona en lo individual si opta o no por participar”, insistió ayer la consejera Adriana Margarita Favela.

Paradojas de la democracia participativa: el próximo domingo habrán más de 24,000 observadores acreditados —apenas una tercera parte de los solicitantes de registro— pero no habrá representantes partidistas en las mesas receptoras de votos.

El consejero Jaime Rivera formuló la mejor invitación entre sus colegas: “Una votación masiva (el próximo domingo) sería un mensaje claro a la clase política de que hay demandas que se deben de atender”, definió, “y en ese sentido invitaría a la ciudadanía a que saque la consulta de la disputa entre la clase política y que la tome como propia, porque es un mecanismo y es una herramienta de la ciudadanía que seguramente ayudará a avanzar en la calidad democrática”.

Del resultado de la consulta popular, empero, sí dependerá el futuro del INE pues en las esferas gubernamentales y entre los grupos parlamentarios oficialistas existe la determinación de no dejar en manos de los actuales consejeros la organización del próximo ejercicio de democracia participativa, que sería la consulta sobre la revocación de mandato, dentro de un año.

Efectos secundarios
RITMOS. El arribo de Roberto Salcedo Aquino y Rogelio Ramírez de la O al gabinete presidencial ha sido gradual. Esa misma lógica —dicen los que saben— impera en decisiones sobre probables relevos en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, quien justo dentro de un mes comenzará su último trienio en Palacio Nacional. Pero ni Julio Scherer Ibarra irá al Palacio de Covián ni Adán Augusto López Hernández dejará el Palacio de Gobierno de Villahermosa; aunque tampoco es seguro que Octavio Romero Oropeza y Rocío Nahle mantengan sus posiciones.

DISTORSIONES. La secretaria Rosa Icela Rodríguez ha reportado que en el primer semestre del 2021, la incidencia de delitos como robo con violencia de vehículos y secuestro, registró una baja, respecto al mismo periodo del 2020. La ONG Causa en Común sostiene que las disminuciones en delitos y denuncias están asociadas a la contingencia sanitaria, pero que la situación de violencia e inseguridad continúa agravándose y que una señal omisa puede hallarse en el alarmante número de asesinatos de niños y adolescentes, además de los feminicidios.