Austeridad, sin coberturas

Han pasado 10 días de la firma del acuerdo indemnizatorio que cubrirá las pérdidas producidas por los incidentes sucedidos en el Metro de la Ciudad de México, el año pasado. Un finiquito que valoró en casi 200 millones de pesos al siniestro ocurrido el 3 de mayo del 2021, por el derrumbe de un tramo de la Línea 12.

A las arcas capitalinas ingresarán más de 1,300 millones de pesos por ambos siniestros. Esta semana —según confirmó GMX Seguros— fueron entregados 1,150 millones y el remanente quedará liquidado en breve.

Las pólizas de los seguros por responsabilidad civil y daños estaban vigentes. Y las aseguradoras tenían la fortaleza financiera para hacer frente a los riesgos transferidos en los contratos, registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

El SCT Metro reclamó inicialmente 4,000 millones de pesos como indemnización por el incendio en la Estación Buen Tono. Los ajustadores internacionales recopilaron evidencia irrebatible sobre la obsolescencia y la falta de mantenimiento en el vetusto centro de control, del que no quedará un ladrillo. La nueva estación de suministro de energía eléctrica que funcionará en el predio de Delicias 36 significará un ahorro. Y también ofrecerá mudo testimonio de los efectos de la austeridad republicana, que menoscaba a las instalaciones estratégicas.

Tanto el incendio en Buen Tono como el desplome de la vía en un tramo de la Línea 12 —donde perdieron la vida 26 personas— desveló la falta de mantenimiento y supervisión en el SCT Metro. Sobre los posibles defectos en su trazado y construcción por parte de en aquel entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard y de la empresa constructora, deberán resolver los peritos de la Fiscalía capitalina. Un grupo de familiares de los directamente afectados rechazaron la oferta de indemnización.

Ya sea por la acción de las bandas criminales —por el huachicoleo— o por la falta de mantenimiento, los complejos para la refinación de gasolinas de Pemex han registrado incidentes, cada vez más frecuentes, con las subsecuentes pérdidas millonarias. En particular, la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz acumula una docena de incendios desde inició el sexenio y de acuerdo con obreros, dichas instalaciones no cuentan con los insumos necesarios y adecuados para combatir conflagraciones de gran magnitud.

Esta misma semana hay registro de varias explosiones en el área de transformadores de la Subestación Morelia de la CFE que —según versiones no confirmadas— generaron importantes daños materiales y la interrupción de energía en varias colonias de la capital michoacana. Los trabajadores de la paraestatal, pero sobre todo los vecinos, estuvieron expuestos.

Paradojas de la austeridad republicana: los ahorros en los presupuestos permiten cubrir los programas asistenciales de la Cuarta Transformación, pero generaron un desbalance en el control de los riesgos. Una situación que de suyo era preocupante pues las últimas dos administraciones federales dejaron de invertir en el reemplazo de equipos.

Ante eventos catastróficos que afectan a las instalaciones estratégicas —federales y estatales—, las grandes firmas internacionales están obligadas cumplir. Pero cuando las pérdidas son ocasionadas por la falta de mantenimiento, supervisión o falta de previsión de un reemplazo de equipos y tecnologías que resultan obsoletas, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la industria aseguradora? ¿Y Agroasemex?