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La principal promesa de la reforma energética peñista era la participación de la iniciativa privada en la explotación y distribución de los combustibles en México. Antes, durante el sexenio calderonista, los “productores independientes”, casi todos extranjeros, incursionaron en la generación eléctrica.

Al paso de dos décadas, el capital privado financió la construcción de 34 centrales de cogeneración y 239 centrales de autoabastecimiento, que actualmente producen un tercio de la energía eléctrica que requiere el país.

¿Una sobreoferta afectaría a los consumidores? Por mandato legal, la CFE quedó obligada a comprar a los privados y nació el sistema eléctrico que solo beneficiaría a la iniciativa privada pero sobre todo pulverizó a las empresas del Estado.

Hace ocho años, la Comisión Federal de Electricidad fragmentó el parque de generación en seis empresas autónomas y también dividió el mecanismo de comercialización. Una parte quedó a cargo de CFE Distribución y otra, a CFE Suministro Básico, para facturar el servicio a 46.2 usuarios. Para competir en la venta de electricidad a los grandes consumidores se creó CFE Calificados, pero al no disponer de energía propia terminó como un simple intermediario al servicio de los generadores privados.

¿Peor imposible? Allí estaban el despacho y el contrato legado —cuya eliminación es una de las principales propuestas de la reforma energética de la Cuarta Transformación— que redujeron al mínimo la operación de las centrales eléctricas de CFE y prohijó un sistema pernicioso para las finanzas estatales.

CFE se vio forzada a comprar energía y capacidad a los generadores a precios de mercado. La energía no despachada —119 TWh, equivalentes al 45% de la capacidad instalada de la paraestatal— representaban pérdidas por 215,400 millones de pesos cada año. Y la compra de energía a los generadores privados implica una erogación anual de 222,900 millones de pesos.

CFE Suministro Básico está impedida legalmente para adquirir energía de las centrales de CFE por lo que debe comprar energía a los generadores privados —la mayoría proveniente de renovables— a través de subastas de largo plazo.

A través de esas subastas, CFE quedó obligada a comprar energía en contratos a largo plazo a los llamados productores independientes por 25 años. El mercado de corto plazo, con ofertas con 24 horas de anticipación es del 25% en México.

Las finanzas de Petróleos Mexicanos y la CFE son prioritarias para la Hacienda Pública. Al cierre de primer semestre del 2021, la empresa petrolera y sus subsidiarias consolidaban una deuda de 2,241 millones de pesos. Durante ese periodo se ejercieron 133,299 millones de pesos en inversión física, destinados principalmente a proyectos de exploración y producción. Adicionalmente se destinaron 53,416 millones a aportaciones de capital a PTI Infraestructura de Desarrollo, la filial encargada del proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas, y otros 1,486 millones la la línea de negocio de fertilizantes.

Para el ejercicio fiscal 2021, la Ley de Ingresos autorizó para Pemex y sus empresas productivas un monto de endeudamiento neto interno de hasta 22,000 millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 1,000 millones de dólares. La posibilidad de que rebasaran esos límites quedó condicionada a no rebadar el monto globa del endeudamiento neto aprobado por el Poder Legislativo.

El Presupuesto de Egresos autorizó un gasto de inversión de 305,000 millones de pesos para Pemex y sus subsidiarias, así como una meta de balance financiero deficitaria por 92,700 millones de pesos.

La empresa tiene que recurrir a fuentes de financiamiento complementarias que le permitan cubrir sus planes de inversión.

Los proyectos de Pemex se financian con los recursos generados por la operación. El objetivo de endeudamiento de Pemex al cierre de 2021 es de cero endeudamiento neto, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Administración de la empresa en sesión celebrada el pasado 21 de septiembre.

Efectos secundarios
ARRANQUE. Mauricio Kuri Grajales asumió la gubernatura de Querétaro y definió sus objetivos con claridad: encabezar una administración responsable, profesional, cercana y transparente. “Sí hay de otra. Aquí llegamos para construir, no para destruir”, proclamó, “en mi gobierno no habrá espacio para la ineptitud, mucho menos para la corrupción”. Y ordenó que a más tardar en 30 días, los mandos medios y superiores de la administración entrante deberán haber cumplido con la presentación de su declaración 3 de 3, además de haber publicado su carta de antecedentes no penales y los resultados de su examen toxicológico.

EXPOSICIONES. Más extensa que los Panama Papers, una nueva filtración de archivos contables exhibe a la elite latinoamericana y su propensión por las offshores. También demuestra las acciones elusivas de la riqueza de dos presidentes en funciones y otros ocho expresidentes del hemisferio. Los Pandora Papers fueron liberados ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y refieren a casi un centenar de políticos y funcionarios latinoamericanos, entre ellos el exconsejero presidencial, Julio Scherer; el titular de la SCT, Jorge Arganis, y el senador morenista Armando Guadiana. Otras nuevas celebridades de alto nivel están involucradas en un escándalo aún mayor ligado a la compra de obras de arte, que será revelado dentro de 48 horas. Entre ellos, altos jerarcas eclesiásticos.