La mitad de las nominaciones fueron impugnadas por los aspirantes afectados por el ajuste de género invocado por la dirigencia nacional del partido izquierdista, que encabeza Mario Delgado
A las 13:10 horas del domingo 26 de diciembre del 2021, Maki Esther Ortíz Domínguez acudió ante el titular de la notaría pública 321 del Quinto Distrito Judicial de Tamaulipas, con sede en Reynosa.
La exalcaldesa requirió los servicios notariales de Ricardo Hiram Rodríguez Contreras para realizar una fe de hechos. Diez minutos después accedieron vía internet a la página electrónica de Morena y localizaron el dictamen de registro aprobado para el proceso interno de selección de candidaturas en el proceso local 2021/2022.
Ortiz Domínguez tenía un interés legítimo para solicitar esa diligencia notarial: estaba enlistada entre los siete aspirantes —tres mujeres y cuatro hombres— a la candidatura morenista en Tamaulipas. Y la madrugada del jueves 23, luego de una extenuante sesión, fue notificada de los resultados de las encuestas de reconocimiento, que favorecieron al senador Américo Villarreal.
La exalcaldesa testó los dictamenes correspondientes a las seis entidades que irán a elecciones el próximo año. La resolución correspondiente a Durango refiere que Alma Marina Vitela Rodríguez será la única aspirante con registro aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que adquirió el estatus de precandidata única dentro del proceso interno de Morena para la selección de candidatos. Al calce, la fecha de la determinación: 18 de diciembre del 2021.
Ese mismo rango también fue otorgado a Nora Ruvalcaba en Aguascalientes; Mara Lezama, en Quintana Roo; Julio Menchaca en Hidalgo y Salomón Jara, en Oaxaca, aunque por ahora son los elegidos para encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en esas seis entidades federativas.
Y es que hasta dentro de dos semanas —según las últimas ordenanzas del INE— podrán arrancar las precampañas oficialmente. Y entonces los gastos de los aspirantes serán considerados en la fiscalización de la autoridad.
La mitad de las nominaciones fueron impugnadas por los aspirantes afectados por el ajuste de género invocado por la dirigencia nacional del partido izquierdista, que encabeza Mario Delgado Carrillo.
Susana Harp, en Oaxaca, y José Ramón Enríquez, en Durango, anunciaron que acudirán ante los órganos jurisdiccionales. Este último atribuyó a “la mafia del poder” el intento por marginarlo de la candidatura. La directiva partidista, en este caso, hizo caso omiso de los resultados de las tres encuestas espejo y tomó como resultado definitivo aquella que le dio apenas medio punto de ventaja a la alcaldesa de Gómez Palacio.
“Si ya tenían sus candidatos, tienen todo el derecho de ponerlos”, se quejó la senadora Harp, “pero ¿para qué hacer tanta historia”.
Al cierre de este espacio, ni Harp ni Enríquez había acudido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reclamar sobre el veredicto de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En la etapa previa, ante las reclamaciones de los aspirantes excluidos de la encuesta de reconocimiento, los magistrados resolvieron que en primera instancia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es competente para conocer y resolver sobre estas quejas.
Tampoco alguno de los siete aspirantes de Tamaulipas había impugnado. El equipo de Maki no descartaba tramitar un recurso y apelaban a una estrategia exitosa de litigio basada en la ilegalidad de la convocatoria. Los resultados de las encuestas y el ajuste de género resultan inapelables.
Salvo Enríquez, no hay señales de que las inconformes busquen abandonar las filas morenistas.
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