El gran intento de borrar la actuación del Ejército aquella noche es el que habría hecho el gobierno federal, después de los acontecimientos, para construir la llamada “verdad histórica” de lo sucedido
Los pasajes del Informe sobre el caso Ayotzinapa publicados por Peniley Ramírez y en su cuenta de tuiter (@penileyramirez) cuentan una historia muy distinta de la que conocíamos hasta hoy.
En realidad cuentan dos historias. Una es la masacre de los estudiantes por la complicidad de militares, autoridades municipales, policías y delincuentes.
Otra es el encubrimiento que le siguió, hecho por el gobierno federal a través de la PGR, mediante la manipulación de pruebas y testigos. La diferencia fundamental entre la “verdad histórica” de la Procuraduría y la que empieza a circular, es la presencia del Ejército en el centro de los acontecimientos.
Esa presencia incluiría la orden de ejecutar a seis estudiantes, vivos cuatro días después de las noche siniestra, la comunicación cómplice con los asesinos y la decisión de ocultar algunos restos de los desaparecidos en el cuartel del 27 Batallón en Iguala. La nueva verdad histórica está construida en lo fundamental con los mensajes de celular y whatsapp que intercambiaron durante esa noche criminales, autoridades municipales, policías y militares.
Según el Informe los estudiantes no fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula, sino descuartizados, metidos en bolsas y repartidos entre los distintos grupos criminales para que los desaparecieran. Unos fueron disueltos en ácido, otros echados a un pozo, otros a una mina y otros llevados al cuartel del 27 Batallón.
Los mensajes dan cuenta de que, un mes después de los hechos, los criminales y sus cómplices seguían cambiando de lugar los restos y borrando las huellas.
El gran intento de borrar la actuación del Ejército aquella noche es el que habría hecho el gobierno federal, después de los acontecimientos, para construir la llamada “verdad histórica” de lo sucedido.
Hay referencias en los mensajes del Informe en el sentido de que el investigador de la PGR, Tomás Zerón, habría decidido desde el principio que la responsabilidad cayera sobre el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, criminal probado, y se quedara ahí. No es claro cuánto valor probatorio judicial tienen los testimonios incluidos en el nuevo Informe.
Pero es claro que hablan de dos delitos distintos a investigar: el crimen de los normalistas asesinados y el encubrimiento posterior del gobierno federal.
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