¿Aduanas seguras?

Por las malas razones —léase el huachicol fiscal—, las Aduanas de México están bajo escrutinio. La actualización de los sistemas tecnológicos quedó trunca, desde el sexenio calderonista. Y ahora, con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, su modernización definitiva definitiva podría instrumentarse… por la vía de una reforma lega.

El 9 de septiembre de 2025, en la Mañanera de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo presentó su iniciativa de reforma de la Ley Aduanera, que entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo sus transitorios.

¿Mejorar la recaudación, a costa de la competitividad? El énfasis de la propuesta gubernamental, en el control tecnológico y la digitalización. En el último mes, empero, se han escuchado voces de expertos en comercio exterior y sistemas computacionales que coinciden en reconocer que los cambios podrían frenar el dinamismo del comercio exterior y desalentar inversiones clave, especialmente en el contexto del nearshoring.

Las voces más críticas provienen de sectores estratégicos como el automotriz, químico, farmacéutico y de alta tecnología, donde advierten que los nuevos procesos, verificaciones adicionales y aranceles de hasta 50% para ciertos bienes encarecerían las operaciones de importación y exportación.

La imposición de sanciones a importadores, exportadores, transportistas y agentes aduanales —quienes podrían exponerse a la suspensión o cancelación de patentes— para incentivar las buenas prácticas y la adopción de estándares internacionales. Además de una política arancelaria restrictiva, podría derivar en el encarecimiento de insumos esenciales y afectar la producción nacional irremediablemente.

El fortalecimiento de la institución para indudablemente por el combate férreo al contrabando. La instauración de una Ventanilla Única de Comercio Exterior sigue siendo uno de los grandes pendientes.

Cualquier ajuste legal debe buscar un equilibrio entre la seguridad, la recaudación y la competitividad internacional de México, opinó el capítulo local de la International Chamber of Commerce.

Efectos secundarios

ATORADOS. Además de la gestión del caudal hídrico para el Valle de México, la delegación de Conagua encabezada por Citlalli Pereza Camacho arrastra adeudos con varios proveedores y cuestionamientos por falta de pericia administrativa. Uno de los casos más representativos es el de Semalyn, S.A. de C.V., que prestó el servicio integral de limpieza de los inmuebles del organismo bajo el contrato 2024-B20-B03-RF-ITP-N-9-0010. La empresa cumplió, entregó facturas en tiempo y forma, pero seis meses después no ha recibido el pago correspondiente a marzo pasado. Ante la negativa de respuesta, el pasado 17 de septiembre solicitó la intervención del Órgano Interno de Control.

PETICIÓN. Bajo la premisa de que cualquier iniciativa fiscal debe considerar el impacto real en la salud, la economía familiar y la comprensión del consumidor fue que la ISA, Asociación Internacional de Edulcorantes, pidió abrir un debate técnico antes de gravar bebidas “nocivas”. La discusión no puede equiparar azúcares con edulcorantes bajos o sin calorías, que cuentan con evaluaciones de seguridad de Cofepris, FDA, EFSA y JECFA. Aplicarles el mismo impuesto podría generar confusión y encarecer opciones accesibles. La asociación solicita mesas de trabajo con consumidores, autoridades, academia y especialistas, así como estrategias integrales que incluyan reformulación de productos, etiquetado claro y educación al consumidor. Las decisiones sobre impuestos requieren evidencia sólida y diálogo plural para no afectar decisiones informadas de la población.

ESTRENO. Justo en seis días será lanzado “La revolución de la libertad”, un documental que conjuga la voz del empresario Ricardo Salinas Pliego y el guión del académico Juan Miguel Zunzunegui, ambos bajo la dirección de Ricardo Ruiz Jáuregui, con una idea original de Nacho Suárez para “reflexionar sobre el futuro de México y la importancia de proteger los derechos”.