A tientas en la emergencia

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad demostró en una investigación reciente que las autoridades no han reportado las verdaderas cifras de muertes por coronavirus registradas en Ciudad de México (https://bit.ly/36fBpit).

La organización tuvo acceso a 4 mil 577 actas de defunción por COVID-19, registradas en siete (de los 51) juzgados de la ciudad, entre el 18 de marzo y el 12 de mayo de 2020.

La cifra de muertos reportada por las autoridades para el 17 de mayo fue de solo mil 108. En los registros oficiales de la ciudad había tres veces más: 4 mil 577.

Diversos reportajes de medios internacionales habían señalando lo mismo: tanto en número de contagios como en número de defunciones, las cifras oficiales sobre la pandemia están muy por debajo de la realidad.

Utilizando las cifras oficiales, analistas mexicanos habían llegado antes a una conclusión semejante: la información pública sobre el tamaño del problema es insuficiente o está sesgada a la baja.

Hay un problema muy serio en que la autoridad mienta o se calle información fundamental que está en sus registros, como ha hecho Ciudad de México. Pero quizá un problema mayor para la fase que viene, que incluye terminar el confinamiento, es que la autoridad realmente no sepa lo que está sucediendo y esté tomando decisiones al tanteo.

Sintomático de esto es la contradicción del discurso oficial que nos dice, al mismo tiempo, que nos acercamos al pico de la infección y que se acerca el momento de abrir de nuevo la economía. La consecuencia es que la gente empieza a dar por terminada la emergencia y sale a la calle envuelta en una “falsa sensación de seguridad”, como dice un médico amigo.

Una buena noticia para la ciudad es que sus autoridades han tomado en sus manos la información y fijado un criterio objetivo para declarar en receso la pandemia: el porcentaje de camas disponibles en los hospitales.

Es un criterio preciso, pero anticipa una economía detenida por mucho más tiempo de lo dicho por el gobierno federal. Lo cierto es que la sociedad no está recibiendo de su gobierno la información cierta ni la orientación precisa que necesita.