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El INE se enfrentará a un desafío inédito de tiempos y de capacitación en las elecciones de julio. Concentrará sus esfuerzos en la elección federal, dejando a los organismos locales el arbitraje de las 30 elecciones no federales de la jornada.

Las elecciones locales pueden ser la caja de Pandora de contiendas y conflictos postelectorales tan impresentables como los de Coahuila y el Estado de México, el año pasado.

Las elecciones de Coahuila son un ejemplo extremo del laberinto en que podrían quedar inmersos por igual los votantes, los encargados de casilla, los árbitros y los jueces electorales.

A la diversidad de los partidos nacionales y sus alianzas, las elecciones locales sumarán una previsible multiplicación de partidos regionales y candidatos independientes que complicarán mucho las cosas.

Recuerda Lorenzo Córdova, presidente del INE, que en la elección de Coahuila del año pasado, “un ciudadano tenía alrededor de 130 modos válidos de votar para la elección de gobernador”, lo cual obligó a “diseñar un modelo de acta sumamente complejo de llenar, donde la posibilidad de error se multiplicaba” (Nexos. http://bit.ly/2tVeUQe).

Muchos ciudadanos encargados de llenar las actas y contar los votos, simplemente se rindieron ante el laberinto que tenían enfrente, abandonaron las cuentas donde las llevaban y pasaron a retirarse, lo cual multiplicó las irregularidades en las cuentas de muchas casillas.

El laberinto de Coahuila es la escena temida para las autoridades en las elecciones locales. El tribunal tardó meses en emitir un fallo definitivo que pudo haber sido de nulidad de la elección cuando ya estaba en funciones el nuevo gobierno impugnado.

Coahuila es también el fantasma temido en materia de fiscalización de los gastos de campaña, que el INE está este año en obligación de hacer en tiempo real.

Se agrava todo esto con una regla de “determinancia” que inventó un genio del enredo: si una elección se decide por menos de 5 puntos, el segundo lugar puede exigir su nulidad probando que el ganador incurrió en irregularidades determinantes para el resultado final, entre ellos excesos de gastos de campaña.

Consecuencia: todas las elecciones cerradas serán impugnadas. Entre estas y otras quejas, el tribunal electoral espera 50 mil querellas este año.

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