El INE ha decidido concentrarse en el arbitraje de las elecciones federales, para Presidente y para Congreso, dejando a los órganos electorales locales, los impronunciables OPLES, el resto de la elección. El responsable jurídico último de toda la elección es el INE, pero éste, dice su presidente, Lorenzo Córdova, luego de homologar en un solo … Continued
El INE ha decidido concentrarse en el arbitraje de las elecciones federales, para Presidente y para Congreso, dejando a los órganos electorales locales, los impronunciables OPLES, el resto de la elección.
El responsable jurídico último de toda la elección es el INE, pero éste, dice su presidente, Lorenzo Córdova, luego de homologar en un solo reglamento electoral las normas a que todos deben ceñirse, ha “tenido que construir una relación con los OPLES en la que estos son absolutamente responsables de lo que les toca”, es decir, las nueve elecciones de gobernador y las de 30 de municipios y congresos locales.
La separación de tareas se complica porque la última ley electoral estableció que, en las elecciones concurrentes, debe haber una casilla única donde se vota por todos los puestos en disputa, federales y locales.
En cada casilla hay una urna de color distinto para cada elección. En algunas habrá hasta seis urnas de color distinto. La gente se equivoca mucho de por sí echando la boleta a la urna equivocada y una tarea de los encargados de casilla es restituirlas a la urna correcta de modo que no queden fuera del cómputo.
El problema de tiempos que esta segunda operación plantea en esta elección, atrasaría tanto el conteo de los votos que el INE podría no tener los resultados de quién ganó la Presidencia la noche misma de la elección.
Junto con capacitar al millón y medio de ciudadanos de casilla, este es quizá el mayor desafío operativo del INE: acelerar el cómputo.
Ha encontrado una solución práctica al problema, que fue impugnada por los partidos y que al tribunal electoral le pareció contraria a la norma. Está en camino otra solución, también impugnada por un partido, a la espera del fallo del tribunal.
El proceso está en estos momentos en un impasse legal respecto de la hora en que podrán anunciarse los resultados. En particular, los de la elección presidencial, de cuya eficacia pende la credibilidad toda del proceso, sometido de por sí a una increíble, en algún sentido suicida, guerra de desgaste y descrédito por parte de los partidos y los candidatos.
El desacuerdo continuo del tribunal y del INE respecto de las quejas sin fin de los partidos es uno de los riesgos institucionales mayores de la elección del 18.
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