Un tribunal en la Ciudad de México ordenó a autoridades federales y estatales dar a conocer a toda la población sobre las medidas ante el COVID-19, principalmente a la comunidad sordomuda
El Tribunal 13 de Distrito de la Ciudad de México emitió una orden para obligar a las autoridades federales y estatales dar a conocer a toda la población sobre las medidas de emergencia derivado a la pandemia del COVID-19, principalmente a la comunidad sordomuda.
Luego de que el activista sordo Erick Arellano, a nombre propio y de la Coalición de personas sordas de la Ciudad de México (CoPeSor), interpusiera un amparo con número 368/2020, la resolución federal obliga a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de Salud, el Consejo de Salubridad general, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y su titular de Salud, así como al titular de la Dirección General de Análisis de Medios y Contenidos Visuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a que de manera inmediata utilicen la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en cada comunicación oficial que emitan.
Además de que deberán informar a más tardar en 24 horas, qué centros de salud o nosocomios del Estado Mexicano cuentan con servicio de apoyo a la comunicación en LSM. Si no es así, se les impondrá una multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización en la Ciudad de México.
Cecilia Guillén, abogada y activista por la discapacidad y persona con discapacidad, presentó el lunes pasado el recurso, mismo que fue resuelto a través de un amparo provisional ante los derechos de las personas con alguna discapacidad y los lineamientos generales de accesibilidad a servicios de telecomunicaciones para los usuarios con discapacidad, publicados en 2018.
Por ello, el juzgado referido emitió una orden provisional por las omisiones de la autoridad, como una medida especial para proteger los derechos humanos de las personas sordas a la información y a la salud, pero el amparo seguirá su trámite.
Reclamamos que estábamos en peligro de privación de vida de una comunidad muy amplia y no solo de la persona quejosa, Erick, como parte de la CoPeSor. Recordando que el juzgado tenía en sus manos la vida de la comunidad sorda y además, esto implica la eficacia de todas las medidas que están tomando pensando en personas sordas y oyentes”, señaló la activista.
Con información de Notimex
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