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Diócesis de San Cristóbal exige justicia por el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez
Personas cargan el féretro con los restos del sacerdote Marcelo Pérez Pérez durante su funeral este domingo, en el municipio de San Cristobal de las Casas. Foto de EFE/ Carlos López

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas exigió a las autoridades paz y justicia tras el asesinato a balazos del sacerdote y defensor de derechos humanos y pueblos indígenas, Marcelo Pérez Pérez.

El obispo Rodrigo Aguilar Martínez exhortó al Gobierno a establecer la paz en la región, con los criterios de “auténtica” verdad y justicia en el crimen contra Pérez, conocido como padre Marcelo.

Asimismo, Aguilar expresó que la diócesis está dispuesta a perdonar a los autores materiales e intelectuales del ataque cometido esta mañana contra el párroco de la iglesia de Guadalupe.

Al término de la homilía dominical, justo cuando los restos del sacerdote eran entregados a su padre y hermano, el obispo urgió a los habitantes y quienes transitan por el estado que “recapaciten porque la verdadera paz tiene que ir en unidad a la verdad y a la justicia”.

El obispo apuntó que pese a las constantes denuncias del padre Marcelo sobre su seguridad y la de los ciudadanos, sus peticiones no fueron escuchadas, y a pesar de ello, continuó abogando por la justicia.

Luego de que el cuerpo del padre Marcelo fue entregado a sus familiares, cientos de personas recibieron el féretro con banderas blancas y caminaron detrás de él unos dos kilómetros hasta la iglesia de Guadalupe, gritando “justicia” durante todo el recorrido.

El cuerpo del sacerdote Marcelo Pérez fue trasladado a San Andrés Larráinzar para ser sepultado en la tierra de sus ancestros.

El padre Marcelo, indígena tzotzil y defensor de los pueblos originarios, fue baleado dentro de su vehículo tras oficiar una misa en el Barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas.

Ante este crimen, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los hechos y se unió al llamado a las autoridades a llevar a cabo “una investigación pronta, exhaustiva y eficaz”.

Desde 2015, el padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo constante que enfrentaba su vida e integridad personal por su labor en defensa de los derechos humanos.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales habían advertido públicamente sobre las crecientes amenazas, agresiones y actos de criminalización en su contra, los cuales se intensificaron en los últimos años debido a su trabajo en favor de la justicia y los derechos de los pueblos indígenas, indicó el organismo.

El padre Marcelo lideró marchas y peregrinaciones por la paz, denunciando el incremento de la violencia en Chiapas desde 2021.

Se pronunció en diversas ocasiones en contra del crimen organizado y exigió justicia por el asesinato del defensor Simón Pedro.

Además, acompañó a comunidades tzotziles y tzeltales desplazadas y actuó como mediador en conflictos.

Desde 2017 hasta la fecha, la ONU-DH ha documentado al menos 134 asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales siete han ocurrido en 2024.

Con información de EFE