La democracia en México, amenazada por dudas sobre instituciones electorales

La democracia mexicana sufriría un retroceso “gravísimo” si desaparecieran las instituciones electorales después de tres décadas en las que no se han producido “fraudes masivos” como en el pasado, asegura en entrevista con Efe el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que espera revisar cerca de 25 mil impugnaciones de las elecciones del pasado 6 de junio, y el Instituto Nacional Electoral (INE), son los dos principales garantes del proceso electoral mexicano y de la salud democrática del país.

“Nuestro sistema electoral ha demostrado desde 1994 que está a prueba de fraudes masivos, lo que no quita que pueda haber trampas, compra de votos, pero hacerlo a gran escala es prácticamente imposible”, afirma Vargas Valdez, magistrado quien desde noviembre pasado preside la Sala Superior del TEPJF.

Mientras Vargas Valdez destaca que el reconocimiento internacional del proceso electoral mexicano achaca al exceso de polarización política las reiteradas declaraciones en favor de la profunda reforma o desaparición de las instituciones autónomas electorales.

Esos llamamientos, incluso del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, darían pie a “un proceso gravísimo para México” porque desde hace tres décadas “los problemas políticos se dirimen en las urnas” y ya no hay fraudes como “a los que estábamos acostumbrados”.

Con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde su fundación en 1929 hasta 1994 las elecciones mexicanas estaban truncadas sin credibilidad democrática en un sistema de partido único.

Solidez del sistema

Por ello, Vargas Valdez considera que es un retroceso lamentable que los políticos ataquen a las instituciones electorales y estima que “hay muchos aspectos en materia electoral que se pueden mejorar y modernizar, como encontrar fórmulas mixtas de financiación” para que el gasto no dependa solo del sector público.

También hay que mejorar el marco normativo, todo lo que tenga que ver con redes sociales y fake news, pero el problema es que la reforma electoral se convierta, a su juicio, en un asunto “entre vencedores y vencidos para ajustar cuentas”.

“Tenemos un sistema electoral sólido y hay que destacar que eso es reconocido a nivel internacional”, subraya el magistrado.

Antes de las elecciones intermedias del 6 de junio, López Obrador criticó al INE y abogó incluso por la desaparición de las instituciones electorales que actúan de manera autónoma desde 1994.

Ante las presiones recibidas por el INE y el Tribunal Electoral, Vargas Valdez asegura que no teme que los dos organismos desaparezcan.

“La ciudadanía no lo permitiría. El marco constitucional nos da la protección. Hemos vivido momentos complejos y tensos. Creo que quien se cree su autonomía la tiene. No es que haya presiones es que hay quienes se dejan presionar. Quienes componen el INE o el Tribunal gozamos de la plena credibilidad para juzgar conforme a derecho”, indica el magistrado.

Vargas Valdez asegura que el tribunal es un “órgano imparcial” sin “filias ni fobias”.

Sin mayoría

Teniendo en cuenta lo que establece la Constitución mexicana, Vargas Valdez se siente aliviado de que el resultado de las elecciones del 6 junio no haya dado a ningún partido junto con sus aliados la mayoría necesaria para imponer reformas constitucionales.

“Hoy los escenarios están claros. Hay dos coaliciones fuertes, sabemos que no hay mayoría absolutas para promover una reforma constitucional y eso genera tranquilidad. Los partidos tienen la obligación de negociar para llegar a acuerdos parlamentarios que beneficien al país”, destacó.

La otra gran polémica del momento en México es la necesidad o no de hacer una consulta propuesta por López Obrador para juzgar a los expresidentes del país por supuestos delitos y que tiene previsto realizarse el 1 de agosto.

“En lo personal no comulgo con que se consulte lo obvio. Y en este caso lo obvio es que si hubiera delitos que perseguir el Ministerio Público está obligado a perseguirlos”, afirmó.

“Lo que se pone a consulta debiera tener hechos claros y no simplemente abstractos. Esta consulta no trae detrás ningún beneficio social. Es algo anecdótico porque no hay elementos de prueba”, agregó el magistrado.

Miles de impugnaciones

Tras la fiesta democrática del 6 de junio por la participación histórica de 53 por ciento y la excelente organización de la jornada por el INE, el Tribunal Electoral tiene ahora que resolver cerca de 25 mil impugnaciones.

El periodo más crítico será septiembre, octubre y mediados de noviembre que es cuando se produce la homologación de los calendarios electorales de los estados.

Los casos más delicados en cuanto a las impugnaciones se concentran en tres estados: Campeche, Michoacán y Aguascalientes porque las diferencias porcentuales de los votos están por debajo de 5 por ciento.

“En esos tres estados hay por tanto incentivos para judicializar el sistema electoral. En el resto de los estados las diferencias son tan amplias que las posibles anomalías no afectarán a los resultados ya estimados”, asegura Vargas Valdez.

A pesar de algunas irregularidades como excesos en los gastos de campaña o la aportación de recursos de procedencia ilícita, lo que está claro para el magistrado Vargas Valdez es que el 6 de junio se demostró “la solidez de la democracia mexicana y de su proceso electoral” por lo que no se puede dudar del papel de las instituciones electorales para volver a prácticas del pasado.

Con información de EFE