La mitad de las denuncias presentadas por mujeres embarazadas ante el Conapred son contra el gobierno, explicó su presidenta
Erradicar la discriminación estructural es un desafío que requiere de la participación transversal de todas las instituciones y niveles de gobierno, coincidieron autoridades y especialistas en derechos humanos.
En el encuentro municipal “El derecho a la no discriminación”, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Hass, dijo que la creación de consejos municipales contra la exclusión son la base para generar políticas públicas de inclusión de todos los grupos sociales.
Tras subrayar que Nezahualcóyotl está a la vanguardia en el país en iniciativas de este tipo, refirió que 45 por ciento de la quejas que ha recibido en los últimos cinco años la institución que preside son por discriminación laboral, particularmente de mujeres que se les coarta el ascenso o incluso permanencia en sus trabajos por estar embarazadas.
Explicó que el año pasado recibieron mil 500 denuncias por actos discriminatorios, la mitad de ellas contra el gobierno, donde las mujeres indicaron que su género les ha impedido conseguir trabajo, mientras que muchas otras se han visto impedidas de trabajar por las empresas al encontrarse embarazadas.
“Muchas mujeres han sido excluidas por estar en edad reproductiva, a quienes se les impide el ingreso, la permanencia o el ascenso en sus empleos. Simplemente por eso se les niega el derecho al trabajo”, indicó
Dijo que el tema educativo también es recurrente en cuanto a discriminación y exclusión, sobretodo en contra de niños y niñas con discapacidad, y a los pueblos indígenas, pues 86 por ciento de la mujeres de estas etnias y que viven en zonas rurales, padecen pobreza y se les vulnera su derecho a la identidad.
Alexandra Hass sostuvo que la mayoría de los jóvenes monolingües son otro ejemplo de la discriminación, puesto que de 28 mil que fueron entrevistados el año pasado en edades de entre 20 y 24 años de edad, ni uno sólo había terminado la secundaria.
Ante ello, la presidenta del Conapred consideró necesario “hacer los esfuerzos necesarios para ejercer el mandato constitucional y erradicar la discriminación estructural y social para que toda la población acceda de manera igualitaria sus derechos”.
Los ayuntamientos tienen una enorme responsabilidad en este tema, toda vez que sus bandos de gobierno aún contienen expresiones y mandatos discriminatorios que deben ser revisados y garantizar el acceso de servicios públicos de manera equitativa y sin distingos.
En su oportunidad, el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, aseguró que en su administración es un eje rector la eliminación de todo tipo de discriminación y por ello ha impulsado iniciativas como este encuentro con la sociedad.
Aseguró que debido a que este fenómeno ha propiciado violencia, rezago y pobreza en el municipio, así como el deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos, el ayuntamiento ha invertido unos 500 millones de pesos en acciones específicas para lograr la inclusión y erradicar la discriminación.
En el evento estuvo presente Lídice Rincón Gallardo, presidenta de la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”, quien sostuvo que la eliminación de la discriminación estructural es una asignatura pendiente en México.
Redacción
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