Claves del nuevo informe de la CIDH sobre el caso de Ayotzinapa en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este martes su tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), en la escuela rural ubicada en el estado de Guerrero donde estudiaban los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

El informe incide en lo ya mencionado anteriormente por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Gobierno del caso y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, como es la dificultad para la entrega de documentación por parte de las Fuerzas Armadas y órganos de inteligencia del Estado y la demora en el cumplimiento de órdenes de detención, entre otras cosas.

Estas son las claves del informe presentado este martes:

1. La CIDH establece en el documento que continúa observando que el acceso a la información, documentos y archivos en posesión de las autoridades de seguridad nacional sigue representando “uno de los mayores desafíos” para el esclarecimiento del caso.

A pesar del respaldo político “del más alto nivel”, persiste la entrega tardía de documentos bajo custodia de fuerzas militares, lo que evidencia “falta de uniformidad”.

2. Por otra parte, el organismo encuentra necesario “que el Estado determine una política comunicacional” que dé cuenta de los avances sobre el caso Ayotzinapa y evite que la información divulgada pueda generar contradicciones entre las autoridades de investigación.

“La difusión y filtración de piezas procesales del caso en medios de comunicación y la divulgación de información de supuestas interceptaciones telefónicas relacionadas con los hechos de Ayotzinapa por decisión de autoridades no jurisdiccionales, puede poner en riesgo las investigaciones y revictimizar a las familias”, indica el informe.

3. La Comisión Interamericana valora “muy positivamente” la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) y la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pero insiste en que la salida del anterior fiscal especializado -Omar Gómez Trejo- y la polémica sobre la posible reproducción de capturas de pantalla falsas en el informe presentado por la Covaj en agosto, ponen en riesgo los avances obtenidos.

El Estado debe hacer un análisis pormenorizado de los hechos denunciados y, en caso de ser necesario, adoptar medidas concretas para reencauzar la investigación, favorecer su impulso y evitar retrocesos”, indican.

4. “A ocho años de ocurridos los hechos, la determinación del paradero de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las personas responsables continúa pendiente”, sentencia la Comisión.

A pesar de que hay piezas de evidencias que indican que los estudiantes podrían haber sido privados de la vida y sus restos desaparecidos, la realidad es que no se ha dado con su paradero.

5. El organismo considera que es urgente que se atiendan los desafíos de la judicialización en un caso de la magnitud de Ayotzinapa.

Esto en dos sentidos: en primer lugar, las órdenes de detención emitidas gracias a la profundización en la investigación deben cumplimentarse cuanto antes y en segundo lugar, las órdenes no deben darse por la prisa de encontrar responsables.

6. La “verdad histórica”, que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) como única teoría legítima, ha sido superada gracias a la investigación y a las pruebas.

7. “Los hechos de Ayotzinapa no son aislados, sino que ocurren en un contexto de desaparición de personas en México, ampliamente documentado que supera las 100.000 personas reportadas como desaparecidas y más de 52.000 restos de personas fallecidas sin identificar, evidenciando la gravedad y urgencia de atender aspectos estructurales en materia de desaparición”, sentencia el informe.

Ante el caso Ayotzinapa, emblemático y mediático pero no aislado, continúa pendiente en México la implementación de una política integral de prevención de las desapariciones.

8. La CIDH seguirá, después de la presentación de este informe, siendo observador y emitiendo recomendaciones debido a su compromiso con el caso y con las víctimas.

Con información de EFE