La Alianza Federalista sostiene que la extinción de fideicomisos confisca derechos adquiridos de gobiernos, organizaciones y personas
Los gobernadores de la Alianza Federalista adelantaron que esta semana presentarán demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para combatir la inconstitucionalidad de la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos y centralización de recursos.
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“Como gobernadores estamos obligados a velar por el bien de nuestra gente y su forma y calidad de vida; por nuestros municipios y su gobernanza; por nuestros Estados y su viabilidad; y por la salud política de la federación misma. Nuestras controversias constitucionales son en defensa de todos, porque los alcances de esta reforma son incalculables en daño y afectados. Nadie se salvará del tsunami de su devastación”, manifestaron en un comunicado.
Precisaron que la extinción de fideicomisos viola principios y preceptos constitucionales a granel y presupuestos públicos asignados y en ejercicio; desquicia haciendas públicas y patrimonios privados y priva de futuro a “incontables mexicanas y mexicanos”.
Sostuvieron que la reforma que extinguió fideicomisos confisca derechos adquiridos de gobiernos, organizaciones y personas.
También, añadieron, trunca proyectos públicos y privados de vida y familia; de ciencia y justicia; de cultura y deporte; de sustento y salud.
Consideraron que además condena indiscriminadamente al desamparo y concentra recursos, que hasta hace unos días estaban debidamente etiquetados y auditados, a un manejo discrecional y opaco.
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“No todos los recursos que se quieren concentrar en la Tesorería de la Federación son de origen federal. Muchos son privados, de origen nacional o internacional; otros son públicos, pero emanados los Estados y municipios, lo cual será motivo de innumerables litigios, costos e indemnizaciones”, señalaron.
Explicaron que las controversias constitucionales, preparadas por los equipos jurídicos de cada uno de los Estados que integran la Alianza Federalista, operan en dos niveles de impugnación.
Uno abstracto, que combate la violación de principios y preceptos constitucionales; y otro, concreto que desarrolla conceptos de invalidez por cada uno de los 109 fideicomisos extinguidos, haciendo valer las afectaciones particulares y contextualizadas a cada estado”, detallaron.
Indicaron que el primer objetivo de la estrategia legal es lograr la suspensión del acto reclamado, que la Corte ordene suspender la concentración de los recursos de los 109 fideicomisos (más de 68 mil millones de pesos) en la Tesorería de la Federación hasta que se resuelva el fondo de la controversia, “a riesgo de volver irreparable el daño”.
El segundo y central objetivo, destacaron, es que la justicia federal declare inconstitucional la reforma que extingue los fideicomisos y la deje sin efectos.
En la Alianza Federalista destacamos y reiteramos que la defensa de los fideicomisos no es solo para beneficio de nuestras entidades, sino para todos aquellos entes públicos y privados que serán severamente afectados si no se logra detener esta inconstitucionalidad”, manifestaron.
Precisaron que esta no es la única ruta de acción posible contra la extinción de los fideicomisos y adelantaron que se emprenderán acciones de inconstitucionalidad por parte de fracciones parlamentarias y la vía de amparo al alcance de todo aquel que vea afectados sus derechos por la desaparición de fondos públicos, “como los damnificados sin el cobijo del FONDEN”.
“Ante el actual escenario de crisis, la Alianza Federalista avanza con firmeza y legalidad en la imperiosa necesidad de defender el futuro y bienestar de México. No nos detendremos hasta que se le dé razón y certidumbre a quienes son afectados directos de decisiones centralizadoras”, puntualizaron.
El pasado 16 de noviembre, mandatarios de la Alianza Federalista acusaron que la disminución en el presupuesto de sus estados es aproximadamente lo equivalente a la inversión de un año del Tren Maya.
También han denunciado que el gobierno federal usa como excusa la austeridad para descuidar las políticas públicas afectando a estados y municipios.
Los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Colima y Jalisco han solicitado revisar el Sistema de Coordinación Fiscal y lograr una Convención Nacional Hacendaria para modificar las fórmulas de reparto de recursos a nivel federal.
Con información de López-Dóriga Digital
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