La ONG presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra una polémica Ley de Amnistía en Nicaragua
Un organismo humanitario nicaragüense presentó este jueves ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra una polémica Ley de Amnistía que, a juicio de la oposición, dejará impune la represión gubernamental en el marco de la crisis que estalló hace más de un año en este país.
El recurso fue presentado por 11 funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y recibida por el secretario de la Corte Suprema, Rubén Montenegro.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, explicó a los periodistas que presentaron ese recurso, entre otras razones, para evitar la impunidad y agotar las vías internas antes de recurrir a las instancias internacionales.
“Esta Ley que el Gobierno ha impulsado a través de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo cuenta con mayoría absoluta, lo que pretende es que haya impunidad en cuanto a los crímenes que se cometieron, a las violaciones de los derechos humanos, a las torturas, a los abusos sexuales“, valoró.
“Como defensores de derechos humanos, y como nicaragüenses, lo que debe prevalecer es la verdad, la justicia, la reparación y no repetición”, argumentó.
Carmona dijo que cada una de las víctimas tiene derecho a exigir justicia y la Ley de Amnistía otorga impunidad a todos los crímenes cometidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales.
Asimismo, el activista dijo que recurrían ante la Suprema como un trámite para “agotar las vías internas y así el día de mañana poder acceder a las instancias internacionales”, porque, según observó, se presume se cometieron delitos de lesa humanidad
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes “de lesa humanidad” en medio de la crisis.
Ese recurso se suma a otros interpuestos por la Asociación Madres de Abril, la Articulación de Movimientos Sociales, el bufete jurídico Defensores del Pueblo, entre otros movimientos opositores.
La Ley de Amnistía es rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento de que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno y porque está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trató de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un balance de entre 328 y 595 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 200 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega se iniciaron el 18 de abril del año pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
Con información de EFE
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