Un estudio de la CIDH detalló que “un año después del inicio de la crisis (abril de 2018), más de 70 mil personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua”
Cerca de 70 mil personas se han visto forzadas a emigrar de Nicaragua desde abril de 2018, cuando inició la crisis política en ese país centroamericano a raíz de las protestas antigubernamentales, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el documento “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica”, difundido este viernes en Washington, el organismo interamericano analiza la situación en ese país, donde estima que han muerto unas 325 personas a raíz de “la represión estatal a las protestas” que estallaron el 28 de abril del año pasado.
“Un año después del inicio de la crisis, más de 70 mil personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua, y solo en Costa Rica, 55 mil 500 personas han solicitado protección internacional”, apuntó el documento, que describió que “dicha migración forzada ha ocurrido en razón a la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua”.
“De acuerdo con la información recibida por parte del Estado costarricense, de enero a septiembre de 2018, cerca de 52 mil personas nicaragüenses ingresaron a Costa Rica y se quedaron en el país”, de las cuales 13 mil 697 “formalizaron su solicitud de asilo por medio de una entrevista con las autoridades migratorias”, explicó la publicación.
Y advirtió que “los meses en que se recibió un mayor número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado (en Costa Rica) fueron junio con 3.344, julio con 5 mil 279, y agosto con 4 mil 055”, que “coinciden con la implementación de la ‘Operación Limpieza‘”.
Esa operación consiste en remover los bloqueos de las vías con palas mecánicas, camiones y trabajadores del Estado, bajo el resguardo de las “fuerzas combinadas”, que se movilizan a bordo de camionetas todo terreno y fuertemente armados.
Según la CIDH, a raíz de la represión estatal 2 mil personas han resultado heridas, 700 personas detenidas y enjuiciadas, mientras que 300 profesionales de la salud han sido despedidos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados y al menos 70 periodistas y trabajadores de medios permanecen en el exilio, “hechos que han quedado impunes”.
En el documento, que recoge los resultados de una visita de trabajo a Costa Rica entre el 14 al 18 de octubre de 2018, la Comisión reiteró en sus conclusiones su “enérgica condena a la reacción estatal” y pide que se investiguen los actos de violencia “de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales”.
Con información de EFE
Minuto a minuto
