El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tenía previsto interrogar a los cuatro sospechosos, acusados de administración desleal
El presidente de la Federación Española de Fútbol, su hijo y otros dos directivos del futbol declararon el jueves ante un juez, dos días después de su detención dentro de una pesquisa anticorrupción.
La Guardia Civil española detuvo el martes al presidente de la RFEF, Ángel María Villar, a su hijo Gorka Villar, a Juan Padrón, vicepresidente económico de la federación española y también al presidente de la Federación Tinerfeña de Futbol, y a Ramón Hernández, secretario de esa federación regional canaria.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tenía previsto interrogar a los cuatro sospechosos, acusados de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documentos, entre otros delitos, dentro de las pesquisas sobre las finanzas de las federaciones.
El juez también decidiría el jueves si los acusados permanecen detenidos mientras prosigue la investigación, indicó un portavoz de la Audiencia Nacional a The Associated Press. El vocero pidió permanecer en el anonimato en línea con la política del tribunal.
Ángel María Villar preside la federación española desde hace casi tres décadas. También es vicepresidente primero de la FIFA y vicepresidente de la UEFA.
La policía indicó el martes que sospecha que el directivo organizó partidos de la Selección Española que derivaron en operaciones de negocios en beneficio de su hijo, un abogado especializado en deportes que ha trabajado como asesor legal y mano derecha de tres ex presidentes de la Conmebol luego acusados de corrupción como parte de una pesquisa en Estados Unidos.
El presidente de la RFEF ha sido durante años una figura influyente en el mundo del futbol dentro y fuera de España, y en 2014 fue señalado por conducta cuestionable en un informe de la FIFA de las investigaciones sobre el proceso de candidaturas para el Mundial.
El directivo pasó las últimas dos noches en un calabozo de la Guardia Civil a las afueras de Madrid, apenas a unos pocos kilómetros de las oficinas de la federación, que fueron registradas el martes por la policía junto con varios inmuebles privados y oficinas de federaciones regionales.
El Consejo Superior de Deportes español ha prometido que las actividades de las que se encarga la RFEF, como las selecciones nacionales de futbol, el calendario de partidos de las competiciones entre clubes y el nombramiento de árbitros, no se verán afectadas por el escándalo.
El ministro español de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Fernández de Vigo, dijo a la prensa el jueves por la mañana que el gobierno ha tomado “las riendas de la situación” y que “velará porque lo que estamos viendo en estos momentos no perturbe el funcionamiento normal de la federación y de la competición”.
Redacción
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