La informalidad es mucho más que un problema de empleo, o de un ingreso ligado a un programa asistencialista gubernamental, es un tema sistémico que limita el crecimiento del país
Los cambios estructurales que requiere la economía mexicana para recuperar una tendencia a la baja de la economía informal no pasan por los programas asistencialistas de este régimen que intercambian dependencia económica por soporte electoral.
En la medida en que la autollamada Cuarta Transformación se sienta satisfecha con sus resultados en materia social, y su clientela política se los compre, no habrá incentivos para corregir uno de los principales lastres de esta economía que es la informalidad.
En términos macroeconómicos, una economía como la mexicana que tiene una tasa de informalidad laboral de 54.8%, de acuerdo con los más recientes datos del Inegi, implica que se ha limitado la inversión en capital humano y en tecnología.
Un trabajador informal recibe menor capacitación, las empresas de ese sector no son sujetas de crédito y esos son límites a su calidad y competitividad.
En términos de las finanzas públicas, en una economía donde más de la mitad de las actividades productivas se desarrollan en la informalidad, no hay niveles aceptables de recaudación, lo que limita el gasto social que, además, es deficiente por el diseño del modelo populista.
Además, las empresas y personas que sí están sujetas a la fiscalización viven en la desigualdad frente a la mayoría informal que evade cualquier pago de impuestos.
Pero la mayor tragedia está en la gente. El gobierno presume que hay “sólo” 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional, pero 50 millones de personas tienen falta de acceso a seguridad social.
La informalidad es mucho más que el vendedor afuera del Metro, no es una anécdota de la economía, es una falla estructural que tiene salidas no aptas para un régimen populista que no puede tomar decisiones que afecten su nivel de aceptación.
Incluso, en una de las cifras que más presume el gobierno como éxito de su política social se nota el impacto de la informalidad.
El incremento al salario mínimo, impulsado por la Coparmex, pagado por los privados y obligado por López Obrador, ha llevado al ingreso laboral real promedio de la población ocupada en México a los 10,821.04 pesos entre los participantes de la economía formal.
Pero en la informalidad, donde los montos legales de salario mínimo son tan ignorados como tantas otras obligaciones fiscales, ese ingreso de la población ocupada es de apenas 5,257.55 pesos, de acuerdo con los datos recientes del Inegi.
Esta brecha salarial tiene además otros factores que la agravan, como el género o la región. De acuerdo con datos de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares el año pasado las mujeres percibieron 34% menores ingresos que los hombres y, también, de acuerdo con datos del Inegi, el nivel de informalidad en el estado de Oaxaca es de 80.2 por ciento.
La informalidad es mucho más que un problema de empleo, o de un ingreso ligado a un programa asistencialista gubernamental, es un tema sistémico que limita el crecimiento del país.
Los cambios estructurales que combatan la informalidad son lo que realmente reducirán la pobreza, pero eso requiere políticas de gobierno con una visión profunda, de Estado, no sólo preservar la desviación que han provocado los llamados Programas del Bienestar.
Una economía como la mexicana que tiene una tasa de informalidad laboral de 54.8% implica que se ha limitado la inversión en capital humano y en tecnología.
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