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Si algo no le conviene a una institución autónoma con tanto prestigio como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es que se ponga en duda su independencia del apabullante poder Ejecutivo de nuestro país.

Vamos, es un hecho que se han torcido cualquier cantidad de organismos autónomos, gobiernos estatales y hasta al Congreso de la Unión con tal de privilegiar la visión única del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero entre las instituciones que son clave para que este país pueda mantener algún nivel de credibilidad y aspire a superar estos tiempos difíciles están la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Banco de México y el Inegi.

En el terreno de las instituciones económico-financieras, Banxico ha perdido un protagonismo necesario, pero nadie puede poner en tela de juicio que mantiene su independencia en la toma de decisiones de política monetaria.

Pero el Inegi ha recibido cuestionamientos fundados sobre su cabal autonomía que no deben dar cabida a la sospecha de que trabaja para maquillar el mal desempeño gubernamental.

El primer impacto incuestionable al trabajo de este instituto llegó por el lado presupuestal.

El instrumento favorito del régimen de López Obrador para acabar con los órganos autónomos es la sequía de recursos. El Inegi ha sufrido un sistemático recorte presupuestal desde que inició este régimen lo que ha implicado una reducción de sus capacidades de medir a México.

Se han perdido proyectos muy importantes como el censo agropecuario, la encuesta de trabajo infantil o la encuesta de consumo de sustancias psicotrópicas, tanto que acaba de reconocer el régimen que no tiene claridad de la cantidad de personas que en México consumen fentanilo.

Apenas este pasado lunes se notificó en el Diario Oficial la desaparición de dos indicadores más, los datos del Sistema de Información y Gestión Educativa, así como toda la información sobre las personas portadoras de VIH en México.

La lista de estudios que hoy ya no hace el Inegi es muy larga y es un hecho que en todas las mediciones perdidas habría una muy mala comparación del gobierno de López Obrador con las anteriores administraciones.

Es inevitable que la pérdida de información y la consecuente opacidad no genere suspicacias ante un gobierno que, sabemos, no gusta de la transparencia. Pero siempre queda la salida de explicarlo todo por la falta de presupuesto.

Pero, en eso de las dudas razonables, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, posteó un tuit con este mensaje: “Difícil entender cómo puede aumentar la producción industrial 0.7% cuando disminuye la construcción -0.2% y cae la manufactura -0.5%. Aquí algo no está bien”.

Él mismo da una explicación estadística de la que él mismo no queda del todo convencido, pero el hecho de que uno de los expertos más destacados en información macroeconómica de México tenga dudas de la información del Inegi no le hace bien a nadie, empezando por la certeza que debe dar el propio Inegi.

Su página web perdió accesibilidad para información clave. En fin, el Inegi debe ser 100% confiable o puede ser desechado como fuente de información.

No debe haber espacio para la sospecha de que las afirmaciones no verdaderas de cada mañana se pueden traspasar al templo de la información confiable del Inegi.