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Nuestro país se ha comprometido incondicionalmente a reducir 25% para el 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero y 51% el uso del carbón negro.

“Somos la primera generación en sentir los impactos del cambio climático, y la última generación que puede hacer algo al respecto”. Con frases como ésta, Barack Obama presentó el plan estadounidense para el cambio climático.

Estados Unidos nunca había presentado un programa tan ambicioso. Es el mayor emisor de CO2, pero había sido reticente de asumir compromisos a escala global. El mensaje de Obama implica un cambio radical. Pretende reducir 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2030, tomando como referencia los niveles del 2005. Si cumple tal objetivo, logrará el equivalente de retirar de la circulación 166 millones de automóviles.

¿Por qué importa esto? Aumentan las posibilidades de que la COP21, que se celebrará en diciembre en París, alcance acuerdos significativos. China ya ha presentado su plan de contribución al esfuerzo mundial. Los dos gigantes han dejado de ser obstáculos a un acuerdo mundial; de ahora en adelante serán protagonistas. Su participación activa producirá nuevas normas de cumplimiento obligatorio, en buena medida porque son los dos mayores mercados. En un contexto en el que desaparecen los aranceles, los reglamentos vinculados al medio ambiente serán los grandes filtros del comercio internacional.

La COP21 parece ser la última llamada para llegar a un pacto de mitigación del cambio climático. De allí podrán salir acuerdos que impactarán la forma en que producimos y consumimos. La lista de temas es inagotable: producción de vivienda, medios de transporte, industrias extractivas, manejo de desechos.

Hay sectores como el energético que son candidatos obvios a “padecer” nuevas regulaciones. No es casual que se haya etiquetado el plan de Obama como una guerra contra el carbón. Entre las cosas que anunció el presidente es el cierre de la mayoría de plantas eléctricas que funcionan a base del carbón.

La producción y consumo de alimentos y bebidas también está en el centro de la atención. Son motivo de controversia la forma en que se usa el territorio y el agua para el desarrollo de zonas agrícolas y pecuarias. No menos ruido generan los empaques que se utilizan para los alimentos y bebidas preparados. Un acuerdo mundial en París podría generar una reglamentación más estricta para la industria alimenticia, en busca de reducir el uso de agua y la generación de basura.

¿Cómo afectará esta discusión a México? Nuestro país se ha comprometido incondicionalmente a reducir 25% para el 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero y 51% el uso del carbón negro. Este compromiso implica que cada unidad del PIB deberá producirse con 40% menos emisiones. Si hay un acuerdo global, México se obliga a incrementar el porcentaje en que reducirá sus emisiones. Esto significará presión enorme para las empresas y un reto regulatorio descomunal para la Semarnat.

¿Por qué hacerlo? Nuestro país es uno de los más vulnerables a la acción del cambio climático, de acuerdo con el documento del gobierno donde se detallan las acciones y compromisos en materia de cambio climático. Hay 319 municipios con alta vulnerabilidad a sequías o inundaciones. El norte del país podría sufrir un aumento de la temperatura promedio de 2 grados centígrados en el corto plazo (2015-2030). La precipitación de lluvia podría reducirse entre 10 y 20% en todo el territorio. ¿Por qué no hacerlo?