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Tres semanas después de su Congreso Nacional, con nuestros documentos programáticos y las directivas estatales y nacional renovadas, Morena enfila nuevamente su eterna condición: los conflictos internos.

Las modificaciones al Estatuto dejaron intocado uno de los principios fundacionales: evitar la doble cachucha de servidores públicos—funcionarios partidistas.

Apenas el pasado viernes 7, por unanimidad, los cinco nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia establecieron el criterio que aplica, para aquellos que actualmente ostentan un cargo público y resultaron electos para alguno de los órganos ejecutivos en los tres niveles.

Del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, electo el pasado 18 de septiembre—Citlalli Hernández, secretaria general; Alejandro Peña, secretario de Organización, y Andrea Chávez, vocera, están en el Congreso de la Unión. Adriana Grajales Gómez, titular de la cartera de las Mujeres, es secretaria de Bienestar en Chiapas; Almendra Negrete, de la Diversidad Sexual, es diputada en Sinaloa; Nalleli Pedraza, secretaria de Mexicanos en el Exterior, es titular del Icat-Michoacán. Son casi 200 los notificados.

Habrá quienes opten por el cargo partidista y dejen las tareas legislativas —¿y las dietas?— a sus suplentes en la administración pública. Algunos, como la mexiquense Martha Guerrero, deberán elegir si permanece al frente de Morena en aquella entidad o regresa al Senado, cuando Delfina Gómez deje su escaño para ser nominada a la gubernatura.

La interpretación de los artículos 8 y 14 Bis del Estatuto —publicada en estrados ese mismo día y notificada a los involucrados este fin de semana— es inapelable: los funcionarios partidistas deberán separarse de su cargo público a la brevedad, so pena de ser sancionados en caso de incumplir con la norma vigente. La excepción a esta norma aplica para el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien fue electo presidente del Consejo Nacional del partido oficialista. Esa instancia deliberativa no está incluida dentro de los órganos ejecutivos, según el Estatuto.

Efectos secundarios

¿VOLADAS? Antes de que la Cuarta Transformación pusiera a la venta el avión presidencial, en Chihuahua trataron de rematar la avioneta Cessna Citation CJ3, matrícula XC-GDC, valuada en tres millones de dólares. Javier Corral no logró ese propósito y su sucesora, Maru Campos, rescató la aeronave desde el inicio de su sexenio. Así, la semana pasada, la mandataria panista pudo cumplir con un intenso itinerario de actividades partidistas, que la llevó de la capital chihuahuense a la CDMX, con escalas en Toluca y Aguascalientes. El asunto lo hizo público un medio digital de Ciudad Juárez y ocurrió el primer caso de censura de la naciente administración.

AJUSTES. La intervención del Órgano Interno de Control del IMSS era de oficio, por el cúmulo de denuncias. Y la decisión del titular del organismo, Zoé Robledo, fue tajante: a mediados de la semana pasada, cuatro mandos de la Unidad de Comunicación Social dejaron sus cargos. Al quite, apenas cuente con la aprobación del Comité, llega Amadeo Díaz Moguel, quien deja al Consejo de la Judicatura Federal para apoyar a su paisano en la recta final. Su primera intervención, el caso de los chicos intoxicados en Chiapas, resultó exitosa.

SORPRESIVAS. El incumplimiento de las normas medioambientales fue el pretexto para que el gobierno federal cerrara la instalaciones de la empresa Sac Tun en Playa del Carmen, hace cinco meses. Pero justo en la misma zona —adyacente al tramo 5 del Tren Maya— acaba de entregar dos concesiones para la explotación de piedra caliza. Estas nuevas canteras llamadas “Banco de Aprovechamiento de Materiales Pétreos ABC Cancún” y “Aprovechamiento de Roca Caliza en el predio San Francisco” también usarán explosivos, algo que incomoda a las autoridades ambientales de la Semarnat. Actualmente en Quintana Roo existen cinco concesiones de particulares, dos autorizadas por la actual administración para la explotación de roca caliza en el manto freático.