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La reconducción del proceso legislativo que culminará con la aprobación de la iniciativa presidencial para extender las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública es mérito del secretario Adán Augusto López Hernández.

Durante las últimas cuatro semanas, el secretario de Gobernación personalmente cabildeó con diputados, senadores y gobernadores de todas las fuerzas políticas para obtener los votos suficientes a la propuesta oficialista. El bloque de contención quedó irremediablemente fracturado. ¿Y también el liderazgo de Ricardo Monreal?

López Hernández esquivó a las cúpulas partidistas. Y como antaño, negoció con los mandatarios estatales sobre la vinculación de las tropas en labores policiacas, al menos otros cinco años. El debate sobre la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas está más que superado.

La polarización entre las bancadas y las dirigencias partidistas había llevado a la parálisis legislativa. La ruta de Monreal Ávila se había vuelto intransitable.

Adiós al Bloque de Contención. Va por México ahora deberá salvar nuevos escollos, en vísperas de la definición de las coaliciones electorales en Coahuila y el Estado de México, para el 2023.

Los llamados de los líderes sociales resultaron insuficientes. “Son horas críticas para el país”, advirtieron los representantes del colectivo Somos México, “hemos conocido que algunos del Bloque de Contención intenta, otra vez, la acordada militarización más allá del 2024. No les basta con más de 15 años de fracaso, ahora quieren extenderla hacia finales del siguiente gobierno… Este país necesita Ejército eficazmente fuerte y una policía a prueba de balas. Ambas instituciones no pueden estar bajo una misma canasta. Como también necesitamos de un Congreso que funcione para lo que fue ideado, un auténtico contrapeso. En sus manos está la emancipación del país libre y democrático que necesitamos todos”.

El secretario de Gobernación ya tenía los votos suficientes, en la víspera. Así lo reconoció el líder de la bancada panista en la Cámara alta, Julen Rementería. “Tristemente vemos que hay gente que cambia de parecer. Suponemos que derivado de presiones, suponemos que derivado de compromisos, algunos seguramente inconfesables, en donde lastimosamente vemos que han podido convencerlos, que los han podido intimidar, que los han podido cooptar, que los han podido presionar de diferentes maneras. Ellos se tendrán que hacer responsables de sus votos”.

El PAN, Movimiento Ciudadano y los senadores del Grupo Plural mantuvieron su palabra. El PRI, también. Y quedó en evidencia su fractura. Aunque hubo legisladores del tricolor que apoyaron los acuerdos con el secretario de Gobernación, aun en contra de su voluntad.

¿Adiós a Va por México? El numeral 19 del convenio firmado por los dirigentes nacionales del PAN, del PRI y del PRD dice textualmente: “Asumimos el compromiso de restituir la seguridad pública como una función eminentemente civil, lo que implica redefinir la función constitucional de las Fuerzas Armadas, como apoyo subordinado en materia de seguridad pública y proyectar un plan nacional de combate a la inseguridad, para ello es necesario restablecer plenamente los apoyos presupuestales para la profesionalización y equipamiento de las policías preventivas estatales y, particularmente, municipales”.

Efectos secundarios
PENDIENTES. Cerca del recinto legislativo, dos de los operadores peñistas más connotados, Emilio Gamboa Patrón e Ildefonso Guajardo, dieron seguimiento al debate sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ambos coincidieron en un restaurante, a la hora de la comida, y tuvieron un breve e intenso intercambio de opiniones.