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Desde el punto de vista constitucional, es la procuradora general de la República, Arely Gómez, quien tiene la responsabilidad (la obligación, pues) de dar con quienes traicionaron su condición de “servidores públicos” y facilitaron el escape del penal del Altiplano (emblemático de la “máxima seguridad” carcelaria de México) de uno de los criminales más peligrosos del mundo.

Los que resulten involucrados irán a la cárcel y, al menos respecto de la investigación de la fuga, la señora podrá decir que cumplió.

Pero a los demás integrantes del gabinete de seguridad, comenzando por el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, les queda como ineludible tarea no solamente apoyar a la PGR en la reaprehensión (por improbable que se antoje) del delincuente, sino hacerse un examen descarnado sobre lo que hicieron, omitieron o consintieron en materia de presupuesto, calidad de selección y capacitación de personal; procedimientos de vigilancia, prevención y reacción, porque todo pareciera que el fugado quedó bajo la custodia… de su propia banda.

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