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El Presidente quiere su contrarreforma energética aprobada y la quiere ya. Su partido ya marcó el actual periodo ordinario como el momento para hacerlo. Así que tienen de aquí al 15 de diciembre.

Quedan, más o menos, unas 20 sesiones ordinarias de este primer periodo del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura.

El único pendiente que tienen la obligación de aprobar en ese tiempo es el Paquete Económico del 2022. Antes del último día de este mes debe quedar aprobada la Ley de Ingresos en el Senado y antes del 15 de noviembre deberá quedar aprobado el Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados.

Todo el resto del tiempo lo tienen disponible para que la contrarreforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Poco más de dos meses para tratar de consumar uno de los golpes más duros y devastadores para el desarrollo de este país.

Existe la salvedad de tener que aprobar esta contrarreforma antes que los diputados aprueben el Presupuesto de Egresos del próximo año para que pudieran asignar algunos miles de millones de pesos para encumbrar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en ese monstruoso papel que le quieren dar.

Pero más que los tiempos, que pueden ser irrelevantes en un país que juega con los relojes legislativos, está el tema de la conciencia de ese pequeño grupo de legisladores que habrá de decidir el futuro de varias generaciones de este país.

El texto de la iniciativa de la contrarreforma energética rebasa el discurso superficial que se plantea cada mañana. Es tan profunda la daga que se pretende clavar al sector energético en su conjunto que no debería dar margen para ninguna negociación de los términos.

Si el PRI quiere posicionarse como negociador con Morena y sus aliados en algunos de los puntos de la contrarreforma, podremos entenderlo como la rendición ante el Presidente del partido que promovió la reforma energética el sexenio pasado. Políticamente, ellos cargarían con el costo.

No tiene margen de negociación una iniciativa de cambio constitucional que es un Caballo de Troya hacia un control político del apagador de la luz de todos los mexicanos, de la bomba despachadora de toda la gasolina, de cualquier mineral o metal que se sustraiga del subsuelo y de cualquier institución que haya llegado a tener autonomía.

El pretendido desmantelamiento de los organismos autónomos regulatorios es la primera señal onerosa de que esto va más allá de devolverle al pueblo su energía eléctrica, como dice la propaganda.

Desaparecer el Centro Nacional de Control de la Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía es parte del golpe mortal a la institucionalización del país y eso es también desmantelar la reforma en materia de hidrocarburos.

Estamos pues ante los meses más largos del sexenio. Es indispensable “darle el golpe” al tamaño del daño de la pretendida contrarreforma.

No se trata ni siquiera de tomar partido, no es un asunto de preferencias políticas, todo lo que hay que hacer es informarse para dimensionar el tamaño de lo que México estaría a punto de perder en algún momento de las 12 semanas que le quedan a este año.