El cálculo era tan lógico como que ese partido político tenía en sus estatutos la participación de los capitales privados en ese tipo de actividades
Cuando a finales de la década de los noventa el entonces presidente Ernesto Zedillo presentó una iniciativa para abrir las inversiones privadas y modernizar el sector eléctrico mexicano no pensó que fracasaría en el Congreso por los votos en contra del Partido Acción Nacional.
El cálculo era tan lógico como que ese partido político tenía en sus estatutos la participación de los capitales privados en ese tipo de actividades. A esa realidad política le acompañaba el hecho de que Luz y Fuerza del Centro era una empresa seriamente emproblemada y la Comisión Federal de Electricidad enfrentaba cuellos de botella presupuestales para poder cumplir con una adecuada expansión.
Era una buena idea y era un buen momento de renovaciones importantes en el país, pero el cálculo del PAN fue meramente electoral. Si se asociaba con el PRI de Zedillo es probable que no hubiera sido capaz de ganar la presidencia unos cuantos años después en el 2000.
Hoy todos los cálculos que hace el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen un epicentro electoral. Lleva todo lo que va del siglo hipnotizando a una clientela política con un discurso contrario a la participación de los capitales privados en muchas actividades productivas, muy en especial en el sector energético.
El fetiche del cardenismo y la nacionalización del petróleo es un discurso muy poderoso que permite articular esa narrativa del gobierno soberano y propietario de sus recursos naturales.
Claro que la electricidad es un producto industrial, pero si sus seguidores ya lo compraron como parte de los recursos de la nación que se quieren robar los conservadores, pues que así sea para mantener el mito.
En la práctica este gobierno se ha dedicado a marginar lo más que ha podido a los capitales privados en sus actividades dentro del sector energético incluso violando la propia reforma energética constitucional que se logró el sexenio pasado y pisando no pocos acuerdos internacionales, incluido el T-MEC.
En el sector eléctrico el primer intento fue con un decreto presidencial, así con todo el peso del tlatoani sin pasar por el Congreso. Evidentemente que fue frenado de inmediato por el poder judicial.
El segundo intento está congelado, que no muerto, pues López Obrador echó mano de la mayoría simple que tuvo la legislatura pasada para modificar la Ley de la Industria Eléctrica. Su aplanadora legislativa pasó fácilmente las modificaciones a esta ley secundaria, que ahora están en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque claramente violan la Constitución empezando por su artículo primero. Sin embargo, no hay que perder de vista la actuación de la Corte en este tema.
Y ahora, en la segunda mitad de su mandato, López Obrador va por el cambio constitucional. En esta legislatura tiene menos incondicionales, pero busca romper el bloque opositor para lograr dos terceras partes.
La mira está puesta en muchos legisladores del PRI que no dejan de añorar los tiempos del Estado benefactor.
Se antoja difícil que pudiera sucumbir alguna parte del Revolucionario Institucional, sobre todo porque está claro que la 4T no es una buena apuesta en materia de resultados.
Sin embargo, las cuentas from el gobierno los animan a lanzar una iniciativa de contrarreforma constitucional que calculan que puede pasar.
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