Carlos Salazar, presidente del CCE, criticó decisiones del presidente López Obrador, que aseguró, afectan a empresarios y a la economía
La fina tregua entre los empresarios mexicanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantenían una relación cordial desde 2018, se ha resquebrajado por las medidas para afrontar el coronavirus y la reciente cancelación de las obras de una cervecera.
En conferencia de prensa virtual, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, resumió este miércoles un conjunto de fuertes encontronazos entre los empresarios y el Gobierno, aunque matizó que no han “roto” sus relaciones.
“El día que tengamos la oportunidad de platicar con el presidente (…) lo haremos con toda firmeza porque creemos que esas decisiones impactan a la credibilidad y el desarrollo del país”, expresó el presidente de la patronal, que hasta ahora había tenido una relación fluida con López Obrador pese a los choques durante la campaña electoral que lo llevó al poder.
Y en alusión al nuevo coronavirus, que lleva 405 contagios y 6 muertos en México, recordó a López Obrador que las empresas no son el “virus” que hay que “combatir”.
Cancelación de la cervecera
El presidente mexicano sostuvo este miércoles que la cancelación de la construcción de una planta cervecera de Constellation Brands en la ciudad de Mexicali tras una consulta ciudadana con escasa participación “no ahuyentará la inversión extranjera”.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador subrayó que las obras, que tenían un avance del 65 por ciento, estaban manchadas de “corrupción e influyentismo”.
Y cuestionó que se construya una cervecera -con una inversión de mil 400 millones de dólares- que consume agua “en una zona donde hay escasez de agua”.
La patronal mexicana no puede estar en mayor desacuerdo. Salazar reprochó que la cancelación tendrá “consecuencias totalmente inadecuadas” para el país y criticó que la consulta fue irregular, puesto que se celebró al mismo tiempo en que las autoridades pedían a la gente quedarse en su casa para prevenir contagios de COVID-19.
“Todo empresario pide que se respete el Estado de Derecho. Cuando se hace una inversión, lo haces conociendo las reglas y no quieres que se modifiquen. Si la empresa tenía permisos, no tienen que negárselos cuando ya lleva más del 60 por ciento de la planta”, sostuvo.
Falta de claridad frente al coronavirus
El presidente de la CCE también criticó la “falta de claridad” en un decreto gubernamental publicado el martes, cuando el Gobierno de México declaró la entrada oficial en la fase 2 de la pandemia, por la que se cancelan “las actividades laborales no esenciales”.
“¿Cuáles son las implicaciones de suspender temporalmente las actividades que involucren concentración física en el tránsito de personas? Pedimos que se defina mejor esto”, cuestionó parafraseando este decreto.
Además, exigió que se defina mejor el listado de industrias estratégicas que deberán seguir operando con normalidad durante la contingencia sanitaria ya que, a su entender, excluye el sector de alimentos y bebidas.
“Estamos pidiendo mayor claridad y que nos digan cómo lo hacemos”, insistió.
La patronal estima que solo en la Ciudad de México se han cerrado esta semana unos 64 mil establecimientos, con una caída del 68 por ciento de ventas en restaurantes, del 100 por ciento en bares, del 82 por ciento en hoteles y del 4 por ciento en tiendas de alimentación.
Sin respuesta del gobierno
El presidente del CCE recordó que lleva 11 días esperando una respuesta por parte del Gobierno sobre el paquete de medidas presentado por el organismo para paliar los efectos del coronavirus, que pide un “salario de subsistencia” para trabajadores despedidos y estímulos de consumo e inversión.
“Los empresarios no estamos pidiendo una disminución de impuestos ni condiciones especiales. Son acciones que benefician a la economía y que tratan de proteger a los más desprotegidos, a las empresas pequeñas y medianas”, expresó Salazar.
Asimismo, reprochó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) todavía no ha aclarado si se mantiene la fecha de declaración de impuestos de las empresas, prevista para el 31 de marzo.
Salazar exigió que si esta fecha no se aplaza, al menos “que la autoridad esté preparada” ya que muchos trámites administrativos están paralizados por la crisis sanitaria.
Cuestionado por la prensa, el empresario rehusó opinar sobre si prevé expropiaciones de empresas por parte del Estado en caso de que se agrave la situación sanitaria.
Por ahora, el Gobierno de México confía en frenar el avance de la pandemia con medidas de distanciamiento social y no prevé una cuarentena general de la población para no afectar a los 52 millones de pobres del país y a la débil economía mexicana que decreció un 0.1 por ciento en 2019.
Con información de EFE
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