La nueva banca social

De la inclusión financiera al asistencialismo pleno existe un océano de diferencia. Para entregar apoyos económicos directamente a los damnificados de los sismos, a los residentes en colonias marginadas, a los discapacitados de escasos recursos, a los adultos mayores, a las madres jefas de familia y a los jóvenes que ingresen a las preparatorias y universidades, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador construirá el nuevo Banco del Bienestar del Pueblo sobre los cimientos de Bansefi.

Adiós al plan de una “mejora sustantiva en los controles operativos y de seguridad” de la institución encabezada por el exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Con 570 sucursales en los 420 municipios más marginados del país y una alianza con Telecomm, la entidad dirigida por Jorge Juraidini, sus centros de atención suman otras 1,720 oficinas en 1,255 municipios, de los cuales 279 no son atendidos por ningún otro servicio bancario.

El Banco del Bienestar extendería su cobertura —de acuerdo con la información preliminar, presentada al presidente electo— a 5,000 sucursales. Las ayudas bimestrales serían entregadas cada 30 días, a partir del próximo año, y los montos entregados pasarían de 70,000 millones de pesos a 550,000 millones de pesos.

Los beneficiarios de los programas sociales tendrían una cuenta bancaria en la nueva institución, que deberá multiplicar por cinco sus actuales capacidades. Para este 2018, Bansefi —en coordinación con Prospera y la Secretaría de Hacienda— se había trazado la meta de aperturar cuentas bancarias a cuando menos 350,000 personas en todo el país.

El propósito de AMLO es que 25 millones de mexicanos puedan incorporarse como clientes en el nuevo Banco del Bienestar, para tener una cuenta bancaria y recibir el depósito del apoyo directo, proveniente del programa social correspondiente. La entrega de efectivo quedará proscrita. Además de la seguridad para guardar su dinero, los cuentahabientes de la banca social tendrán acceso al ahorro y diversos servicios financieros.

El Banco del Bienestar popular concentraría los padrones con los beneficiarios de los programas de apoyo directo y con los usuarios de la banca de segundo piso y los adquirientes de líneas de crédito. Una “ventanilla única” para la entrega de los apoyos, para estudiantes, jefas de familia, adultos mayores… ¿y productores agrícolas?

Los programas que actualmente ejecutan Sagarpa, Sedesol, STPS y la SEP, así como los subsidios que entregan Diconsa y Liconsa, y los fondos de apoyo a productores agropecuarios quedarían integrados en una sola instancia.

Son más de 550,000 millones de pesos anuales que serán entregados vía transferencias bancarias por la nueva entidad que sería dirigida por el exsenador morelense Rabindranath Salazar Solorio. Los recursos serían dispersados a través de las sucursales del Banco del Bienestar, de sus corresponsales bancarios o incluso a través del recientemente implementado esquema de banca electrónica.

La seguridad alimentaria, propósito de la administración entrante, estaría sujeta a otros esquemas en los que ya trabaja Ignacio Ovalle Fernández. ¿Y los precios de garantía?¿Y los fertilizantes, las semillas, el seguro agrícola?

La banca para el desarrollo está en ciernes. ¿Con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda? La eficacia del programa de apoyo a la comercialización, por su parte, será revisada por el ingeniero Andrés Puente, mientras que el desempeño de Financiera de Desarrollo será analizado con otros parámetros. En este último caso, ni la fusión ni la consunción parecen opciones viables.

Banobras —de acuerdo con otras fuentes— podría fusionarse con Sociedad Hipotecaria Federal; Nacional Financiera, con Bancomext, mientras que en la subsecretaría de Planeación Turística quedarían concentradas las funciones que actualmente cumplen el Consejo Mexicano de Promoción Turística, Proméxico y la marca país, actualmente alojada en Los Pinos.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿CONTRARREFORMAS? Uno de los primeros escarceos legislativos de la nueva Cámara de Senadores ocurre justamente a partir de la propuesta del presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama, para reformar la Ley de Aguas Nacionales que —según la propuesta del líder morenista— proscribiría la participación de la inversión privada en materia de infraestructura hidráulica. Pero Víctor Lichtinger, presidente del Consejo Consultivo del Agua, planteó que, en épocas en donde los recursos presupuestales son escasos, se requiere potenciar la inversión pública y privada con diferentes esquemas de asociación; se deben utilizar las mejores tecnologías y experiencias nacionales e internacionales, que ayuden a construir políticas públicas que privilegien cobros adecuados a los usuarios de agua que sí pueden pagar por este recurso y, por el otro lado, se subsidie en forma directa y puntual a los usuarios más pobres, con un acceso real y asequible.

LLAMADOS. En el Senado de la República, ya está en trámite —propuesto por el grupo parlamentario del PRI— un exhorto para que los congresos locales también adopten medidas administrativas que reduzcan su gasto. En San Lázaro, el coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, definió que la austeridad es una de las promesas de campaña que serán materializadas en breve. En consecuencia, el equipo fiscal de Morena, encabezado por Carlos Urzúa, tendría que tirar la rienda a los poderes legislativos locales que han optado por el derroche de recursos. Tan sólo en el 2018, los 28 congresos locales ejercerán más de 14,000 millones de pesos, lo que es 1.4 veces el costo del programa Escuelas de Tiempo Completo de la SEP y la ALDF nos salió a los capitalinos dos veces más cara que el Congreso de España, según el Informe Legislativo 2018 del IMCO.