¿Y los peces gordos?

Ni Julián Olivas, ni Virgilio Andrade, ni Arely Gómez estaban de acuerdo con la premisa foxista de atrapar a los “peces gordos” y exhibirlos, como trofeo en el combate a la corrupción.

En la primera época de la transparencia y la rendición de cuentas, imperaba otro clima. En el 2000, entre los primeros perseguidos por los contralores foxistas, estuvieron Gerardo Cajiga y Jorge Castillo, dos tecnócratas oaxaqueños que ocuparon posiciones relevantes en la Secretaría de Gobernación a finales del sexenio zedillista.

Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la compra de aeronaves para la Policía Federal activaron el proceso administrativo contra ambos excolaboradores de Diodóro Carrasco Altamirano. Cajiga Estrada contó con la salvaguarda legal de su amigo, Ernesto Villanueva, y combatió lo que su abogado tildó como “persecución” de las instancias administrativas del foxismo, aunque rehusó presentarse personalmente a rendir su testimonio.

Unas merecidas vacaciones y un breve paso por la Bolsa neoyorquina terminaron en Boston, donde se radicó en el 2002 para matricularse en la Universidad de Harvard, como alumno de la maestría en administración.

Para el 2009, sus viejos compañeros del ITAM –entre ellos Ernesto Cordero y José Antonio Meade– se habían colocado en posiciones importantes durante el sexenio calderonista. Con esa tranquilidad, pero sobre todo con el compromiso de apoyar el proyecto político de Gabino Cue Monteagudo, retomó su vida pública a pesar del consejo de muchos de sus amigos.

Castillo era el principal estratega del entonces candidato aliancista. Y Cajiga se hizo cargo del fundraising. Al arranque de la administración local, Cue Monteagudo lo designó secretario de Finanzas, cargo que ocupó durante dos años.

Con Enrique Peña Nieto, los itamitas ampliaron su margen de influencia. Y Cajiga tuvo derecho de picaporte en las principales oficinas de Hacienda y Relaciones Exteriores. Sus constantes roces con otros funcionarios de la administración estatal forzaron su salida del gabinete, a finales del 2012.

En noviembre del 2014, Cajiga Estrada dejó su cargo como consejero independiente de Sare Holding y se reincorporó a su despacho. A principios de mayo, Cajiga Estrada contrajo nuevamente nupcias en San Miguel de Allende, Guanajuato. Al banquete de bodas acudieron sus dos hijos y más de 300 invitados, aunque muy pocos de sus excompañeros de aulas, y menos, del equipo gabinista.

Las denuncias en su contra —por una presunta sustracción de 2,000 millones del erario oaxaqueño— provinieron del ex secretario de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez. Y el gobernador priista, Alejandro Murat Hinojosa, solicitó su aprehensión, no obstante que habían pasado cinco años.

Cajiga fue detenido en la Ciudad de México el 19 de septiembre y de inmediato fue traslado a Oaxaca, para ser presentado ante el juez de control, que lo vinculó a proceso —bajo las reglas del nuevo sistema de juicios orales— y, atendiendo la petición de la fiscalía, ordenó su arraigo domiciliario, al considerarlo un peligro para la sociedad.

El día que se cumplieron cinco meses de su detención, Cajiga remitió una misiva para el periodista Jorge Fernández Menéndez que días después llegó a manos de sus amigos y excolaboradores.

“En todo este tiempo no he podido entender esta injusticia”, dice el escrito, “se me acusó de peculado, que como ustedes saben significa desvío. ¿Pero cómo es posible que nos acusen de desvío de recursos por haber mandado dinero a la Secretaría de Salud para hospitales, proveniente de una partida de ‘acciones diversas’? ¿Por qué no se nos hizo un proceso administrativo primero? ¿Por qué se imputa a mí una responsabilidad, si en todo el expediente no hay una sola firma mía?”.

Dos semanas antes —el 8 de febrero— un juez de amparo declinó resolver sobre el fondo del asunto y ordenó reponer nuevamente el procedimiento, luego de que detectara “graves violaciones al procedimiento”.

Cajiga Estrada lamentó la parcialidad de los juzgadores, pero sobre todo se quejó de su mala suerte: hace cinco meses que Banco Interacciones le dio de baja, por lo que dejó de percibir un salario; sus tarjetas de crédito quedaron canceladas y el gobierno de Estados Unidos le revocó su visado.

“Lo peor de todo es el sufrimiento que esto le ha causado a mis hijos y sobre todo a mi esposa, justo —como ustedes lo saben— cuando estábamos viviendo el momento más feliz de nuestras vidas… No hay forma en que entienda esta injusticia, el porqué de este daño”.

EFECTOS SECUNDARIOS

CRITERIOS. En riesgo el estatus de Ciudad Universitaria como Patrimonio de la Humanidad, la Rectoría de la UNAM y la Jefatura de Gobierno de la CDMX han actuado sin miramientos. Pero la comunidad puma aún no olvida la edificación del edificio H en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hace dos años. Entonces, docentes y alumnos se quejaron por el bloqueo visual del entorno, aledaño al Espacio Escultórico, y el impacto en la reserva ecológica y sus zonas de amortiguamiento, misma que de acuerdo con la abogada general “no es una zona protegida por la UNESCO”. Ahora resulta que las autoridades universitarias sí salieron muy efectivas para señalar a empresas privadas que pretenden construir en terrenos aledaños por supuestamente alterar el paisaje. Se avecina la posible reelección del rector y ante la falta de resultados y el aumento de casos de violencia, feminicidios y narcomenudeo al interior del campus, contar con un enemigo externo parece que no cae nada mal.

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