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CNDH indaga muerte de 22 en Tlatlaya
Foto de Revista Esquire

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que entró en contacto con la testigo que asegura que un grupo de militares mexicanos asesinaron a su hija y 20 hombres de un presunto grupo del narcotráfico tras haberse rendido luego de un enfrentamiento, en un caso que el gobierno federal aseguró indagará. El otro hombre había sido supuestamente abatido en la refriega.

Marat Paredes, visitadora de la CNDH, dijo que funcionarios del organismo habían hablado con la madre hace unos dos meses y que investiga el caso para ver qué es lo que realmente pasó.

“Recientemente hemos tenido acceso a la averiguación previa y las necropsias. Estamos analizando todos estos datos”, dijo Paredes.

La Comisión tiene la facultad de emitir recomendaciones que el gobierno puede acatar o explicar públicamente por qué no.

El incidente ha llamado la atención de las organizaciones internacionales e incluso del Departamento de Estado estadounidense que pidió a México investigar sobre el incidente.

“Como sucede en todos los casos en los que las fuerzas de seguridad utilizan la fuerza letal, es imperativo que haya una revisión fáctica, creíble, de las circunstancias y las acciones emprendidas en respuesta a ellas”, dijo Jeff Rathke, vocero del Departamento de Estado.

El jueves se difundió que una mujer dijo que vio a un grupo de soldados asesinar a tiros a su hija de 15 años pese a que la adolescente yacía herida en el suelo. Veinte jóvenes más de un presunto grupo criminal también habrían sido rematados después de haberse rendido, dijo la mujer cuya identidad permanece en el anonimato por temor a represalias en su contra.

El gobierno ha dicho que todos murieron durante un intenso tiroteo ocurrido en la mañana del 30 de junio. Esa versión fue puesta en duda pues de los soldados solo uno resultó herido y las evidencias físicas en el lugar apuntan a que hubo un asesinato selectivo y colectivo.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que las autoridades federales investigarán los hechos y que harán públicos los resultados si encuentran cualquier contradicción con la versión del ejército, el cual sostiene que soldados fueron atacados el 30 de junio por hombres armados en una bodega abandonada en una comunidad del Estado de México.

“Lo que se tenga que dar a conocer en caso de que haya pasado algo diferente a lo que se tiene, por supuesto que se hará del conocimiento público”, dijo Osorio en Radio Fórmula.

Las fuerzas armadas también sostienen que los soldados solo respondieron a la agresión y mataron a 22, además de que rescataron a tres mujeres secuestradas. Hasta ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no se ha pronunciado ante los comentarios de la testigo.

Sin embargo, la madre dijo que ella estaba ahí y que fueron los soldados los que dispararon primero, lo que viola las reglas de combate de la institución castrense.

La mujer también dijo que en el tiroteo inicial murió un joven, antes de que los miembros pertenecientes a una presunta banda criminal se rindieran, desarmaran y salieran de la bodega en la que se encontraban con las manos en la nuca.

“Lo que más llama la atención es la opacidad del gobierno en cuanto a la investigación”, dijo Maureen Meyer de la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). “No hay información disponible sobre los resultados de la investigación. La exigencia de las organizaciones de derechos humanos es tener información sobre una investigación que debía ser imparcial y transparente, pero parece que no ha sido así”.

El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también dijo el viernes que de ser cierto el testimonio de la madre “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México”.

“Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México”, dijo Vivanco.

La organización Amnistía Internacional llamó a las autoridades civiles a investigar exhaustivamente y de manera imparcial la muerte de los presuntos delincuentes en la municipalidad de Tlatlaya.

“Es de destacar que cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión del estos funcionarios en los abusos”, dijo la organización en un comunicado.

En contraste, este es el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional al respecto

En relación al incidente ocurrido en el municipio de Tlatlaya, Méx, el 30 de junio de 2014, en donde personal militar repelió una agresión armada, se informa lo siguiente:

Esta Dependencia es la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, estamos obligados a conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas.

La Secretaría de la Defensa Nacional prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento.

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los Derechos Humanos de los Ciudadanos.

En seguida el comunicado de la PGR

En relación a los hechos suscitados el 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, del Municipio de Tlatlaya, Estado de México, la Procuraduría General de la República reitera que se tiene iniciada una averiguación previa respecto a esos hechos, misma que está en etapa de investigación.

La seriedad con que ésta administración toma en cuenta, tanto la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad.

La Procuraduría General de la República tiene un equipo de especialistas en diversas disciplinas dedicada a esta tarea, desde que tuvo conocimiento de los hechos.

Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho, y con respeto absoluto a los derechos humanos.

Con información de AP