La Ley de Obra Pública moderna está atorada en el Senado; el PAN podría impulsarla en este periodo. ¿A quién se sancionará por el Paso Exprés de Cuernavaca? Las 22 irregularidades que enuncia la Secretaría de la Función Pública confirman lo que muchos intuíamos: el socavón fue la consecuencia lógica de una forma de trabajo … Continued
La Ley de Obra Pública moderna está atorada en el Senado; el PAN podría impulsarla en este periodo.
¿A quién se sancionará por el Paso Exprés de Cuernavaca? Las 22 irregularidades que enuncia la Secretaría de la Función Pública confirman lo que muchos intuíamos: el socavón fue la consecuencia lógica de una forma de trabajo donde se combinaron la corrupción, la negligencia, la falta de cuidado a los detalles y la aparente indiferencia ante las consecuencias de la mal hechura.
Una obra que debía costar menos de 1,000 millones de pesos terminó costando más de 2,000 millones y además provocó, cuando menos, dos muertes. ¿Quién se embolsó el sobreprecio? A principios de agosto, la Secretaría de la Función Pública comunicó que investigaba a tres funcionarios de la SCT. La auditoría que se dio a conocer ayer apunta a la Dirección General de Carreteras, una oficina que maneja más presupuesto que la mayoría de las secretarías de Estado. A cargo de ella estuvo desde el 2013 hasta el 2016 Óscar Raúl Callejo. Por su desempeño en la misma, fue ascendido a la Subsecretaría de Infraestructura.
No sabemos, por lo pronto, si la lista de funcionarios investigados por la SFP incluye a Callejo o al anterior subsecretario Raúl Murrieta Cummings. Lo que sí sabemos es que el monto del sobreprecio, 1,034.4 millones de pesos, hace casi imposible que el Paso Exprés fuera un asunto cocinado y ejecutado por funcionarios menores.
¿Qué pasará con las empresas que hicieron la obra? Si se necesitan dos para bailar el tango, ¿cuántos se requieren para cantar el Waka Waka? En primer plano están la hispana Aldesa y Epcor. La española ha ganado otros contratos en México, el más importante para ejecutar la torre de control del nuevo aeropuerto. Epcor está anotado en algunas licitaciones. Por lo pronto, para ellos es business as usual, pero cabe preguntar: ¿por cuánto tiempo más?
Hablamos de sanciones necesarias a funcionarios y empresas, en buena medida porque los mecanismos de control y prevención no están funcionando. El escándalo del Paso Exprés es el último eslabón de una larga cadena. La Estela de Luz y la Línea 12 del Metro nos recuerdan que los malos manejos en la obra pública no se inventaron en este sexenio, ni tampoco son el monopolio de un partido.
¿Por qué no contamos con una Ley de Obra Pública moderna? Desde hace más de cuatro años, Luis Zárate (q.e.p.d.) promovió desde la CMIC una iniciativa que se ha visto enriquecida por diversos actores, entre ellos el Imco y México Evalúa. Está atorada en el Senado y al parecer el PAN la impulsará en este periodo legislativo. Quizá faltan otros escándalos para que se generalice el sentido de urgencia en nuestra clase política.
Una ley moderna de obra pública debería ser un instrumento que inhiba la corrupción y promueva la inversión. Un instrumento de política industrial que deje atrás los vicios recurrentes: amiguismo, opacidad y discrecionalidad.
Es claro que no basta con tener una ley para cambiar la realidad, pero es absurdo no contar siquiera con una legislación que refleje que sociedad, Gobierno y empresarios están de acuerdo con transitar hacia el futuro en un asunto toral.
El Paso Exprés de Cuernavaca empezó mal y se puso peor. Ahora hablamos de esta obra por las irregularidades que provocaron el sobreprecio y las muertes de personas inocentes. Ojalá lleguemos al punto en el que nos refiramos a ella como la gota que derramó el vaso. El episodio que trajo castigos ejemplares y nuevas prácticas en la Obra Pública.
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