José Woldenberg tiende a coincidir con mi retrato de la corrupción electoral. También con mi creencia de que una corrección al problema sería “suspender el traslado de fondos federales sin fiscalización efectiva a los gobiernos locales”. Discrepa radicalmente de dos de mis recetas: 1. “Devolver a los partidos el libre acceso a los fondos que … Continued
José Woldenberg tiende a coincidir con mi retrato de la corrupción electoral. También con mi creencia de que una corrección al problema sería “suspender el traslado de fondos federales sin fiscalización efectiva a los gobiernos locales”.
Discrepa radicalmente de dos de mis recetas: 1. “Devolver a los partidos el libre acceso a los fondos que les dé su sociedad”, es decir, abrirlos al financiamiento privado y 2. “Reabrir el mercado de los medios” para que los partidos puedan comprar libremente lo que necesiten para sus campañas.
Se pregunta Woldenberg:
1. “Dada la corrupción, ¿resulta sensato disminuir la única fuente de recursos clara y transparente? (el financiamiento público)”.
2. “¿Realmente más dinero privado en la política y un mercado de compra de espacios en los medios coadyuvará a reducir las componendas y la corrupción? ¿Para qué transferir recursos millonarios a los medios? ¿Cuál es la razón para abrir ese mercado si el Estado cuenta con 48 minutos al día en cada estación?” (“Nuestra democracia”, Nexos, julio 2016).
La razón, mi razón, es que ambas cosas tendrían que hacerse bajo el supuesto de “una estricta rendición de cuentas de los partidos y los candidatos”, es decir, “abriendo a fiscalización rigurosa las finanzas reales totales, públicas y privadas, de cada partido, cada campaña y cada candidato”.
La fiscalización rigurosa, en mi propuesta, incluiría “responsabilizar personalmente a los candidatos, no solo a los partidos, de las irregularidades financieras de sus campañas” (“Nocturno de la democracia mexicana”, mayo 2016).
Para mí, esto quiere decir que partidos y candidatos pierdan todo derecho de secrecía o privacidad en sus ingresos y sus egresos electorales, y que las irregularidades encontradas en ambos sean juzgadas como fraude, con responsabilidad penal para dirigentes de partido y candidatos.
El acento de la propuesta está en la fiscalización efectiva de los ingresos públicos o privados de partidos y candidatos, y de sus gastos. Una restricción fundamental sería prohibir a los partidos el uso de dinero en efectivo.
Por lo demás, me convencen las razones de Woldenberg en el tema de la compra de medios privados. Con el tiempo que tiene el Estado basta y sobra. Hay solo que “desespotizarlo”, flexibilizarlo, dejar que cada partido escoja y negocie libremente su estrategia de difusión, en lugar de empacarlo y abaratarlo todo, como se hace ahora.
