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El artículo décimo transitorio de la reforma constitucional del Poder Judicial concedió 90 días naturales para extinguir los fondos y fideicomisos de los órganos jurisdiccionales y enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos a la Tesorería de la Federación.

Dichos fondos deberán ser destinados —dice el mismo artículo— por la Secretaría de Hacienda para la implementación del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del 2024. El plazo para la extinción de esos instrumentos financieros feneció hace un mes, pero la institución fiduciaria, Nacional Financiera, todavía no los entrega a pesar de las reiteradas gestiones de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña.

Hay un impedimento legal, esgrime la delegada fiduciaria, Martha Eugenia Arana Lira: no hay sentencia definitiva que haya causado estado en los juicios de amparo indirecto 434/2024 y 2020/2024.

En su calidad de fideicomitente, la ministra presidenta Norma Piña Hernández instruyó a NAFIN —según consta en el SCJN/PRESIDENCIA/084/2024 con fecha del 11 de diciembre del 2024— sobre el destino de los recursos. La institución encabezada por Luis Antonio Ramírez notificó sobre esas disposiciones a los titulares de los juzgados 1° y 2° de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, así como del juzgado 10° de distrito, con sede en Sinaloa, donde fueron tramitados sendos amparos que buscaban evitar que la Federación redireccionara arbitrariamente tales recursos.

Además del Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene contratos con NAFIN para concentrar los recursos provenientes del manejo del producto de la venta de publicaciones, CD’s y otros proyectos; las pensiones complementarias destinadas para los mandos superiores, medios y personal operativo; el plan de prestaciones médicas y los remanentes presupuestales.

El décimo transitorio de la reforma al Poder Judicial garantiza que los derechos laborales de sus serán respetados en su totalidad y mandata que el Presupuesto de Egresos de la Federación contemple recursos suficientes para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables.

Pero ahora deberán cubrirse las liquidaciones de los jueces, magistrados y ministros que concluyan sus encargos, ya sea por haber declinado su candidatura o no resulten electas para un nuevo periodo.

Efectos secundarios

PRIORIDADES. Donald Trump quiere renombrar al Golfo de México. Gulf of America. What a beautiful name. And it’s appropriate, dijo ayer desde Mar-al-Lago, en una perturbadora conferencia de prensa en la que volvió a exigir que el gobierno de Claudia Sheinbaum frene las “oleadas” migratorias. El presidente electo no descarta el uso de la fuerza militar para anexionarse Groenlandia y recuperar el control del Canal de Panamá. En la definición de su agenda intervencionista también ha planteado que Canadá se convierta en el estado 51 de la Unión Americana. ¿Y todavía dudan en Palacio Nacional de la gravedad de sus amenazas?

REFUERZOS. Este mediodía, si no hay cambios de última hora, se formalizará el cambio de propietario en Ovaciones, la centenaria publicación deportiva que deja la OEM, después de tres décadas. Cuando concluyan los trámites administrativos, iniciará la nueva administración designada por el empresario José Aguirre Campos, que tendrá como capitanes a los periodistas Guillermo Ortega Ruiz y Alonso Jiménez.