Autoridad electoral parcial

Mientras el Instituto Nacional Electoral siga discriminando a cualquier grupo de mexicanos no podrá ser un instituto democrático, ni siquiera una institución de Estado. Es sólo una oficina burocrática que toma partido y apoya a candidatos conservadores

Es necesario recordar aquel suceso de abril de 2015, cuando el entonces presidente electoral de ese organismo. Lorenzo Córdova, se burló junto con el secretario técnico de la institución, Edmundo Jacobo, de las autoridades de los pueblos originarios de Guanajuato. No hubo sanción porque fue producto de la extracción de una llamada telefónica privada. Pero lo que pocos saben es que los actuales libros de texto que imprime y reparte la SEP, tienen en una cronología en el año 2015, puede leerse: “En México el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

Es por detalles como estos que los actuales libros de texto gratuitos no les gustan, principalmente en Chihuahua, donde los padres de familia se ampararon para que sus hijos no recibieran dichos textos.

Poco más de nueve años después de este agravio a todos los mexicanos el INE vuelve a agredir a los pueblos originarios. En el reciente debate difundido por los medios estatales, para la presidencia municipal de Guachochi, Chihuahua, destacó la participación de la candidata rarámuri Candelaria Cruz Aguirre en su lengua materna, intervenciones que no fueron traducidas, ni se colocaron subtítulos, por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, lo cual violenta las leyes y otorga ventajas a una competencia en las urnas, donde la equidad de circunstancias deja mucho que desear.

Cruz Aguirre, decidió expresarse en su lengua para resaltar el orgullo de nuestras raíces; sabe hablar castellano, el IEE, con una presidenta rubia, químicamente pura, tiene la obligación de ofrecer un traductor de la lengua madre de los candidatos, sin importar si quiere expresarse en cualquier otro idioma. Es exigencia tener un traductor en el lugar ante cualquier imprevisto, pero de eso nada en Chihuahua.

Al tratarse de un debate, las palabras se enredan. El vocabulario es limitado por la euforia del momento, de tal suerte que se requiere de plena libertad y entendimiento, pero el instituto electoral de ese estado, que ha violentado varias veces la equidad y la certeza, sólo prometió dar a conocer después, fecha que no ha llegado, sus palabras al grueso de la población. Es decir, que las declaraciones de la candidata de origen profundo en México serán diferidas, lo cual implica una mayor vulnerabilidad ante sus contrincantes.

Cualquier autoridad electoral debe ponderar la inclusión y el respeto a la diversidad cultural en los procesos electorales, especialmente en las regiones del territorio nacional donde las comunidades indígenas tienen mayor presencia.

La falta de un intérprete no sólo limita la accesibilidad a la información para los votantes, sino que también podría afectar la equidad en la contienda electoral. A varios días del debate la traducción de las palabras de la candidata rarámuri, Candelaria Cruz, no ha sido traducido aun difundido.

El IEE debe ser sancionado por el Tribunal Electoral. No sólo por la tardanza sino por no ser puntual con la traducción de las palabras de la candidata Candelaria Cruz. Aquí no puede esperarse más tiempo para un castigo ejemplar, donde deberían renunciar todos los consejeros electorales.

Trataron de evitar la traducción porque se hacían bolas con los tiempos, a pesar de que no debería prescindir del traductor, lo cual no es difícil de conseguir. De hecho, hace algunos años, la UNAM creó un programa desarrollado por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas que traduce, automáticamente lenguas indígenas al español. Empezó por traducirse casi con el 99 por ciento de precisión. Se iniciaron con wixárica, que se habla en Nayarit; ayuuk, hablado en Oaxaca; mexicanero, en Durango; yorinoqui, en el Estado de México; así como náhuatl clásico y moderno; posteriormente se continuó con otras lenguas, entre ellas el rarámuri.

Pero pensar que los conejeros electorales del Chihuahua tienen información al respecto sería muy audaz. México cuenta con 68 agrupaciones lingüísticas, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

La presencia de una candidata perteneciente a los pueblos originarios es algo histórico, condición que los consejeros no saben valorar porque mantienen un permanente desprecio por la historia, las raíces y su herencia invaluable de la que suelen avergonzarse.

Candelaria Cruz tiene cuatro hijos mayores de edad, todos han dejado su pueblo para buscar trabajo en la zona fronteriza, por lo que es urgente mejorar las condiciones de vida en Guachochi.

La falta de intérpretes no afectó solo a Cruz Aguirre, sino a toda la población que no podrían entender a los demás candidatos, los temas y preguntas del debate si no hablan español. El propio Instituto Electoral, que había tomado acciones para garantizar que los partidos políticos en el Estado postularan candidaturas indígenas, en este caso el Partido verde, no proporcionó herramientas para que la participación de este sector de la población fuera efectiva. Esta incongruencia se convierte en violación a las leyes de la equidad y raya en decisiones racistas. El asunto de los pueblos originarios en Chihuahua, gobernado actualmente con poca sensibilidad, debe ser prioridad; sin embargo, pareciera ser marginado de la agenda de las autoridades electorales.

De acuerdo con el INEGI, en 2020 la población en Guachochi fue de 50 mil 180 habitantes; 48.4 por ciento hombres y 51.6 por ciento mujeres. La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 26.4 mil personas, lo que corresponde a 52.7 por ciento del total de la población de Guachochi. De ellos, 26 mil 323 habitantes hablar Tarahumara, 91 habitantes hablan Tepehuano del norte y 16 habitantes Náhuatl.

La autonomía de los organismos electorales, la palabra incuestionable que representa los fallos del Tribunal Electoral, deben transformarse porque sólo crean injusticias como las que ahora presentan de manera contundente, haciendo de los pueblos originarios, una vez más, la parte más vulnerable de la sociedad mexicana.