Con todo respeto a las leyes, a las instituciones y a las investiduras, pero no es posible ser ajenos a la descomposición democrática que sucede frente a nuestros ojos
El primer resultado evidente, antes de que abran las casillas de la llamada revocación de mandato este domingo, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos sus subordinados están dispuestos a violar hasta la Constitución con tal de conseguir sus objetivos electorales.
Y no tiene nada que ver con la consulta de pasado mañana, que tendrá el resultado previsible de una muy baja participación social voluntaria y arrasará la opción de la permanencia de López Obrador.
Esta consulta sin sentido, convocada por el propio poder, sin una exigencia real de nadie de revocarle el mandato a López Obrador y de un costo económico muy elevado sirve para dos cosas. La primera, alimentar el ego presidencial de verse ampliamente respaldado por sus bases.
Y la segunda, es ese ensayo general para conseguir sus fines electorales en el 2024, sin importar los medios, ni las consecuencias bajo el confeso argumento presidencial de que “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
Puede que no sorprendan los alcances autoritarios de López Obrador, porque nunca ha engañado a nadie con su forma de proceder, puede tampoco ser sorpresa que el secretario de Gobernación se haya quitado la máscara de la democracia, pero sí que llama la atención el tono autoritario y de reto a la ley y la autoridad electoral de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Ni siquiera al más radical de los seguidores del Presidente, que tengan alguna relevancia en las estructuras de poder, se le ha escuchado algo así como lo dicho por Sheinbaum de pretender expulsar del país a quienes no piensen como lo hacen en su movimiento.
El resultado que debemos tomar en cuenta de lo que ha sucedido en este proceso previo a la consulta, que habrá de intensificarse en este domingo que pinta difícil y a partir del día siguiente, es que viene una radicalización total de la 4T.
Claro que no sólo es la consulta, es el constante abuso de todo el poder presidencial en contra de periodistas y opositores, es la presión a ministros y legisladores para que hagan lo que López Obrador quiere que se haga. Es mucho más.
El resultado que debemos tomar en cuenta no pasa por ninguna oposición política al Presidente ni a su movimiento electoral, porque simplemente no existe una oposición capaz, organizada e inteligente que pueda articular un mensaje congruente.
La posición que resulta de la radicalización del régimen es ponerse del lado de la legalidad, del respeto a las instituciones, a las leyes, de condenar los abusos del poder y señalar la impunidad con la que se manejan en los círculos cercanos al epicentro de la 4T.
Un primer objetivo que debe mover a la sociedad que cree en la democracia y en las leyes es la defensa del Instituto Nacional Electoral. La embestida está en marcha y a partir de cualquiera que sea el resultado del domingo la estrategia ya está definida, desgastar la autonomía de un organismo que ha garantizado elecciones ciudadanas libres.
Con todo respeto a las leyes, a las instituciones y a las investiduras, pero no es posible ser ajenos a la descomposición democrática que sucede frente a nuestros ojos.
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