Nadie sabe, nadie cree, la verdad se ha ido

no de los rasgos característicos del nuevo Estado del que habla Claudio Lomnitz, al que me referí aquí el martes pasado, es que no produce verdades aceptables, versiones creíbles de los hechos.

En el ámbito criminal, porque la investigación de los delitos apenas existe. En el ámbito judicial, por el descrédito de la justicia. En el ámbito político, por la pluralidad partidaria y por los conflictos de interés entre las diferentes autoridades.

El gobierno de Peña Nieto, recuerda Lomnitz, apostó ingentes recursos en la construcción de la “verdad histórica” del caso de los asesinatos de los normalistas de Ayotzinapa.

Logró un tiro por la culata. En ese mismo laberinto está inmerso desde hace tres años el actual gobierno, sin haber logrado otra cosa que liberar a varios autores materiales del hecho y desaparecer cuanto pueden el caso de la vista de la opinión pública.

“El nuevo Estado mexicano”, dice Lomnitz, “ya no tiene la capacidad de crear una verdad socialmente creíble o compartida, porque no tiene un sistema judicial —jueces, ministerios públicos, policías de investigación, peritos— lo suficientemente robusto y profesional como para que sus hallazgos resulten confiables” (“Neoestado y neoliberalismo”, Nexos, febrero 2022).

Es el caso de las fosas con 200 cuerpos sin identificar de la fiscalía del estado de Morelos en Tetelcingo y Jojutla o el de las masacres de San Fernando, Tamaulipas, o el de los 35 presuntos zetas descabezados en Veracruz o el de los miembros de la familia LeBaron, asesinados en una brecha.

La misma nebulosa ausencia de aclaraciones y verdades recorre toda la cadena de familiares de las víctimas que hay en la República, un verdadero ejército de Antígonas queriendo saber lo que pasó con sus muertos para al menos enterrarlos bien.

Todos los días y todas las noches acudimos en los noticieros al mismo espectáculo: hechos espeluznantes, denuncias desgarradoras, sin una sola autoridad capaz de explicar lo sucedido, ya no digamos de investigarlo y castigarlo.

El Estado mexicano mismo, en todos sus niveles y jerarquías, es el reino de la no verdad, el lugar donde nadie sabe, al que nadie cree, del que la verdad se ha ido.