El Senado solicitó al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investigar a Mony de Swaan Addati, ex titular de la extinta Cofetel, por presuntas irregularidades durante su gestión. En el marco de la sesión ordinaria de este martes y con 55 votos en favor, el … Continued
El Senado solicitó al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investigar a Mony de Swaan Addati, ex titular de la extinta Cofetel, por presuntas irregularidades durante su gestión.
En el marco de la sesión ordinaria de este martes y con 55 votos en favor, el pleno legislativo solicitó a esas instancias remitir un informe pormenorizado sobre el o los responsables de autorizar a la Cofetel la contratación de la Consultora McKinsey y si el procedimiento cumplió con la normativa vigente.
Se indica que en noviembre de 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizaron a la empresa británica de telecomunicaciones Virgin Mobile operar el servicio de telefonía móvil en México, bajo el esquema de operador virtual móvil.
Luego de esta autorización, Mony de Swaan Addati contrató por aproximadamente 100 millones de pesos a la Consultora McKinsey para que elaborara un informe sobre la conveniencia de crear una red abierta de telecomunicaciones, en la banda de 700 megahertz.
Según el punto de acuerdo aprobado por el pleno y promovido por Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, De Swaan estableció un vínculo laboral, profesional de asesoría y cabildeo con la Consultoría McKinsey, la empresa Virgin Mobile y la compañía Tresalia.
En la proposición se pide el deslinde de responsabilidades y aplicar las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las que resulten aplicables.
Mony de Swaan, en su calidad de experto y presidente de la Cofetel, jugaba un papel trascendental en la emisión de cualquier opinión que al respecto hiciera sobre el uso más eficiente del espectro radioeléctrico.
Por lo que sus recomendaciones tuvieron un impacto que influyó en la decisión del Poder Legislativo para impulsar una reforma constitucional en la que el Estado mexicano comprometería recursos públicos en la creación de una red de telecomunicaciones en la banda de 700 megahertz.
Según Lozano Alarcón, optar por una red abierta representa un ahorro en la inversión inicial que requieren los empresarios interesados en entrar al mercado de las telecomunicaciones en el país, y el proyecto elaborado por la Consultora McKinsey resultó fundamental para orientar esta decisión.
En ese sentido, calificó de grave esta situación toda vez que abre la posibilidad de que el análisis que hizo la Consultora McKinsey pudo privilegiar intereses particulares.
Con información de Notimex
