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Jueces oaxaqueños fallaron contra empresario decisión política
Foto de gabinocue.org

Una decisión política, para favorecer a uno de los dirigentes de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), Leopoldo de Gyves, provocó el colapso financiero del empresario Mario Bustillo Cacho, quien además de ser invadido y despojado de un predio y viviendas, recibió un revés por parte de la justicia en Oaxaca.

El pasado 17 de junio, el ex presidente municipal de Juchitán, Leopoldo De Gyves de la Cruz, fue absuelto por el Juzgado de Garantías de Salina Cruz, aún cuando en audiencias anteriores había aceptado su responsabilidad en la invasión de un predio de 20 hectáreas en Juchitán.

Esta decisión, para Mario Bustillo, vulnera no sólo su inversión, sino la certeza jurídica en Oaxaca para invertir, pues puede más el miedo a una organización política como la COCEI que la aplicación de la ley.

Mario Bustillo refiere que cuando se disolvió Ferrocarriles Nacionales, puso en venta algunos bienes, entre ellos, 28 hectáreas de La Planta, que fue adquirida, la mitad, en 2001 por CEMEX y en 2002, la otra mitad por Fomentos del Istmo de Tehuantepec, ambas empresas de Monterrey.

En esa ocasión, recuerda, el presidente municipal de Juchitán era el coceista Leopoldo De Gyves, quien incluso hermanó la ciudad de Juchitán con Monterrey.

En 2005, CEMEX vendió a Fomentos del Istmo la otra mitad del predio y CEMEX la puso en venta. Fue en 2007, cuando a través de un crédito inmobiliario, Mario Bustillo adquirió las 28 hectáreas, en una transacción comercial que está debidamente sustentada, dice.

En ocho hectáreas construyó 250 casas de interés social y se quedó el predio de 20 hectáreas como garantía del crédito. El proyecto preveía la construcción de 555 casas, de las cuales se construyeron en los años siguientes otras 70.

Pero el 28 de enero de 2013, Leopoldo de Gyves y otro grupo de personas, invadieron las 20 hectáreas de terreno, con el argumento de que el derecho le asistía a los hijos y nietos de los ex trabajadores de Ferrocarriles, que en su momento, la empresa liquidó para terminar su relación laboral con ellos.

Aprovechando esta invasión, un grupo afín al PRI, encabezado por los hermanos Osiris, Pericles y Aristóteles Jiménez, se apoderaron de 165 casas.

De los 700 empleados que tenía la empresa Arquitectos AMyM, cuyo dueño y representante legal es Mario Bustillo, hoy solo conservan cuatro. La deuda continúa generando intereses y de la inversión, de casi 150 millones de pesos, el resultado fue el quebranto financiero.

La denuncia contra Leopoldo De Gyves no prosperó. Aún cuando el afectado recibió la palabra del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, de preservar el Estado de Derecho, el resultado final favoreció al líder coceista, quien fue aliado político durante la campaña del actual mandatario.

“Hoy ya no me toma la llamada ni el Gobernador, ni el Procurador, ni el Secretario General de Gobierno, evaden cualquier responsabilidad en el caso y de la recuperación del predio y las casas, nadie dice nada”.

Dijo que ni siquiera la intervención del dirigente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Zárate Rocha, valió para que pudieran hacer justicia en contra de los invasores, entre los que está Antonia Pineda, Abelardo Pineda y María Luisa Gómez Peralta.

Lamentó que en Oaxaca el discurso de la supuesta criminalización de la protesta social pueda más que hacer valer el Estado de Derecho.

“Está en el expediente la declaración primera de Leopoldo De Gyves, quien aceptó invadir el predio con el argumento de que pertenecía a los hijos de los ferrocarrileros, y después, los jueces tomaron por válida la presentación de testigos falsos que dijeron que el día de la invasión Leopoldo De Gyves acudió a Chicapa de Castro a entregar una silla de ruedas”, expuso.

Mario Bustillo mencionó que aún cuando apeló la decisión de los jueces Juan Gómez Ríos, presidente; Sorely Esmirna Castro Vásquez y Gloria Sarabbi Rojas, difícilmente podrá obtener justicia en esta administración, que avala las acciones de sus aliados políticos, en vez de actuar con base en el derecho.

Cuestionó las irregularidades en la aplicación de los juicios orales en el Istmo, mediante el cual la sentencia para Leopoldo De Gyves fue absolutoria y demandó a las instancias en México, a revisar su caso para constar las anomalías en el proceso.

“No me queda la duda de que Leopoldo negoció su libertad con el gobierno de Oaxaca y que con eso me afecta en lo económico, la empresa ya quebró y no podemos trabajar, no hay garantías”.

Mario Bustillo expuso que su seguridad personal y la de su familia están en riesgo, por lo que responsabiliza de lo que pueda pasar a quienes protege el gobierno de Oaxaca.

Dijo que al igual que su inversión, de casi 150 millones de pesos, no tuvo ninguna garantía, empresas como Mareña Renovable se fue de Juchitán. La empresa eólica ahora está en una agencia de Ixtaltepec y en El Espinal, porque en Juchitán no pudo invertir.

Con información de Quadratín