El perredista Mauricio Toledo, jefe delegacional con licencia en Coyoacán, debrá enfrentar una denuncia más. Esta vez de un exempleado de la Delegación Coyoacán, quien lo acusa, junto a otros seis funcionarios, de querer cobrarle el 10 por ciento de su sueldo, y como se negó a pagar el ilegal diezmo, el trabajador fue removido … Continued
El perredista Mauricio Toledo, jefe delegacional con licencia en Coyoacán, debrá enfrentar una denuncia más.
Esta vez de un exempleado de la Delegación Coyoacán, quien lo acusa, junto a otros seis funcionarios, de querer cobrarle el 10 por ciento de su sueldo, y como se negó a pagar el ilegal diezmo, el trabajador fue removido de su cargo.
En la denuncia FCY/COY-2/T2/2072/14-11 se señala que Darío Larrondo, fue nombrado titular de la Coordinación de Modernización Administrativa el 1 de julio de 2013. Tras un mes de labores, por el que cobró 31 mil 581 pesos, el director Jurídico y de Gobierno, Francisco Mendoza Esparza, le dijo que cada funcionario debía entregar el 10 por ciento de su salario.
La cantidad, según quedó asentado en la denuncia, se destinaría al pago de personal de apoyo que trabajaba en el proyecto político de Toledo.
Larrondo se negó al pago, y fue despedido en enero de 2014, acusó. Saúl Torres Maya, secretario particular de Toledo, le informó que por no haber cumplido con el diezmo, el delegado ordenó darlo de baja.
Entre 2010 y 2013 fueron presentadas ante la Procuraduría del DF por lo menos siete denuncias contra Mauricio Toledo, por amenazas, cohecho, lesiones, extorsión y tentativa de extorsión. Sin embargo, ninguna de las acusaciones contra el ahora delegado con licencia prosperó.
En esta nueva denuncia, presentada el 19 de noviembre, Larrondo incluyó a Toledo, Mendoza Esparza, Ramón Moreno Carrasco, Torres Maya y a su secretaria Raquel Aguilar Ávalos, así como al director de Administración, Eduardo Alfonso Vázquez Camacho.
Y, aunque el titular de la Contraloría, Manuel Paredes Montejano, le dijo a Larrondo que cerraría el caso porque los funcionarios rechazaron las acusaciones y negaron haber cobrado diezmo, el procedimiento sigue abierto.
Otras acusaciones:
En febrero de 2013, Toledo fue denunciado por el abogado de una inmobiliaria por exigir una mordida de 1.6 millones de pesos a cambio de no clausurar las obras en el desarrollo habitacional ubicado en Céfiro 120, Colonia Insurgentes Cuicuilco.
Dos meses después, el empresario Manuel Dacosta lo acusó por intentar extorsionarlo al pedirle 3 millones de pesos a cambio de que la Delegación retirara los sellos de clausura de una gasolinera en la Colonia San Francisco Culhuacán.
Con información de Reforma.
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