Amnistía Internacional advirtió sobre leyes que buscan restringir a las ONG en Ecuador, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Nicaragua y Perú
Amnistía Internacional (AI) advirtió que la promulgación entre 2020 y 2026 de leyes que persiguen acallar a las organizaciones no gubernamentales en Ecuador, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Nicaragua y Perú está “deteriorando el tejido social” en estos países, al dificultar las labores de estas entidades que defienden los derechos fundamentales y brindan ayuda humanitaria.
En un extenso informe divulgado este lunes en Asunción, la capital de Paraguay, AI apuntó que las legislaciones que regulan la actuación de las ONG en estos seis países “imponen controles desproporcionados” a las organizaciones de la sociedad civil, lo que, aseguró, “afecta directamente su capacidad para apoyar y acompañar comunidades” vulnerables.
“Estamos viendo un aumento significativo en lo que llamamos prácticas autoritarias en diferentes medidas, que están restringiendo la labor de personas que defienden los derechos humanos, de personas que son identificadas como disidencias a los Gobiernos, y eso se ha manifestado en un cierre del espacio cívico”, dijo la directora de AI para las Américas, Ana Piquer.
La abogada señaló que las disposiciones de estas leyes buscan “ahogar financiera y administrativamente” a las organizaciones al “exigirles requisitos que son tan complejos que finalmente hacen que la organización esté casi que dedicada a cumplirlos”.
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Piquer citó como ejemplo de esto a la Ley de Agentes Extranjeros promulgada en 2025 en El Salvador, que ordena un 30 % de impuestos sobre las transacciones internacionales de las ONG que operan en este país.
“Eso, sumado a otros impuestos a los que ya estaban sujetas, puede significar que paguen más de la mitad de sus ingresos en impuestos. Ya casi que no pueden cumplir su labor, su presupuesto no da”, agregó.
Otro ejemplo de esto, indicó, ocurre con la ley sancionada en 2020 en Nicaragua, la primera de este tipo para entonces en América Latina, que ha provocado el cierre de cientos de organizaciones.
El informe también destaca la narrativa oficial “estigmatizante” contra directivos y organizaciones de la sociedad civil que son acusados de estar contra los intereses de sus propios países.
“En el caso de Ecuador, la narrativa estigmatizante fue muy brutal, se sumó en un contexto de protestas”, afirmó al respecto Piquer, al tiempo que aseveró que en ese país, en el marco de la ley que regula a las ONG, se cerraron las cuentas bancarias de muchas organizaciones, causando su parálisis financiera.
Por otra parte, el documento refiere que una ONG venezolana denunció ante AI que las organizaciones civiles son consideradas como “enemigos internos” por el Gobierno chavista.
“Somos percibidos como opositores al Gobierno porque documentamos y denunciamos violaciones a derechos humanos”, detalló la ONG, que declaró bajo condición de anonimato.
En ese sentido, la jefa de IA para las Américas sostuvo que las leyes anti-ONG en los seis países comparten sus aprobaciones “de manera exprés, sin debate, sin participación de la sociedad civil, con conceptos extremadamente vagos y con discursos muy estigmatizantes en contra de las organizaciones”, que suelen ser señaladas de “antipatria” sin base.
También apuntó que los países analizados están en “diferentes lugares del espectro político”.
De igual forma, Piquer explicó que AI recomienda “la reforma o derogación de estas legislaciones” en todos los casos, por considerar que vulneran los derechos humanos y tratados internacionales que los mismos Estados han ratificado.
“La recomendación es que esto se tiene que revertir, esto se tiene que modificar”, insistió Piquer, tras sentenciar que las ONG realizan sus labores humanitarias donde los Estados no llegan.
Con información de EFE.
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