Ciertas formas de fatalidad son tan obvias que no hay manera de sortearlas. Una semana después del fatídico lunes 11 de enero, día de la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, las autoridades federales y del estado conocían la secuencia de los hechos. Pero con el argumento de hacer una investigación exhaustiva … Continued
Ciertas formas de fatalidad son tan obvias que no hay manera de sortearlas. Una semana después del fatídico lunes 11 de enero, día de la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, las autoridades federales y del estado conocían la secuencia de los hechos. Pero con el argumento de hacer una investigación exhaustiva y el miedo característico para comunicar una mala noticia, le dieron largas al asunto. Creo que hicieron sufrir de más a los familiares de las víctimas.
Sabían, me lo dijeron (lo publiqué el 21 de enero), que uno de los jóvenes “algo tuvo que ver” con “algún poderoso” de Playa Vicente, poblado en donde vivían y zona con fuerte presencia de un grupo criminal. El joven fue identificado por la policía de Tierra Blanca, zona con fuerte presencia de un grupo criminal antagónico. La policía le avisó al jefe criminal de la zona, quien ordenó el letal “tráiganmelos”.
El jueves 4 de febrero, luego de un encuentro con los padres, las autoridades nos dijeron, off the record, que todo indicaba que habían dado con los restos de los muchachos. Dejaron pasar el fin de semana y el lunes 8 reunieron a los familiares para anunciarles que se trataba de los ADN de Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz, ambos de 25 años de edad. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. El padre de Bernardo, don Bernardo Benítez, expresó que no se conformaba y buscará una segunda y una tercera prueba de ADN.
Muy dura, Adriana González Díaz, hermana de Alfredo, me espetó ayer una dolorosa arenga que comenzó así:
—Voy a dejarle en claro que de mi hermano no hay ningunos restos. Es una información equivocada.
No le falta razón. Le presentaron fotografías de un pedazo de tela, supuestamente de la playera de Alfredo, y de una costra de sangre en un árbol.
—Eso yo no lo reconozco ni lo acepto —atenazó—. No hay ninguna certeza de que mi hermano esté muerto, no hay nada.
Las autoridades federales y de Veracruz les explicaron que los restos se encontraron en un rancho en el poblado de Tlalixcoyan. Restos calcinados, de difícil identificación. Y que no saben qué fue de los otros tres jóvenes. Tampoco del móvil del asesinato múltiple.
—Exijo al gobierno que entregue a mi hermano, vivo o muerto. Porque yo no quiero que me den un pedazo de tela. Quiero que me traigan el cuerpo, así sea calcinado. Yo no me voy a conformar con menos.
—Quizá eso no sea posible, Adriana.
—Pues, yo no voy a estar conforme. A mí me tienen que clarificar perfectamente bien eso, porque yo no les creo nada. El gobierno quiere darle carpetazo al caso. Que nos hablen claro y asunto arreglado.
El gobierno ya habló. No cometerá el error de calificar los hallazgos de “verdad histórica”. Pero, como en Ayotzinapa, sabe que se impuso la narrativa del horror: policías ligados al crimen secuestraron a los jóvenes y los entregaron para que los mataran, y ahora deben convencer a los padres, madres y hermanos que no quedan más que cenizas, pedazos de tela y costras de sangre en los árboles.
MENOS DE 140. Oficialmente, el gobierno de Venezuela no nos ha reclamado nada por la reunión con Lilian Tintori: la canciller Claudia Ruiz Massieu.
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