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“Quizá aparezcan pruebas demoledoras, pero por lo pronto, Humberto Moreira ha sido cazado por transferirse unos 300 mil pesos mensuales de Saltillo a Barcelona durante un año”, concluí. La historia en breve del lunes pasado, subrayando que ese era el tamaño del asunto por el que lo metieron a la cárcel en Madrid. El jueves tomó fuerza en los medios la información de que el juez español, Santiago Pedraz, tenía datos sobre los presuntos arreglos del ex gobernador de Coahuila con Los Zetas. Y no hubo más.

Con eso bastó para que la corrección política mexicana afirmara que la justicia española nos estaba dando una lección de cómo se podía investigar a un poderoso; de cómo allá recababan las pruebas de los actos de corrupción que la siempre dudosa PGR no quería ni sabía recabar.

El trabajo periodístico elemental, sin embargo, mostraba otra cosa. A partir de indicios muy cuestionables, la Audiencia española alegaba que los depósitos por 199 mil euros en las cuentas de Moreira entre enero de 2013 y enero de 2014 abrían la posibilidad de “entramados societarios” que llevarían a acusarlo de “blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal”.

Por eso lo detuvieron. Porque, según esto, el exgobernador “no justificó el monto total de lo recibido, ni lo elevado de los importes”. Y porque eso “podría estar relacionado con blanqueo de capitales”.

Pese a que la defensa de Moreira exhibió el jueves facturas y contratos de las dos empresas que fondearon los 199 mil euros (Unipolares y Espectaculares del Norte, y Negocios Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio), todo apuntaba a que el viernes el juez Pedraz lo mantendría en prisión. Fue una sorpresa, pues, que determinara que “no había pruebas para acreditar la existencia de un delito, ni indicios de que el investigado se encuentre lavando dinero”, y lo pusiera en libertad con la condición de que no podrá salir de España hasta que, por ausencia absoluta de evidencias, se archive la causa.

La justicia española revisó y concluyó que el dinero para cubrir los gastos en Barcelona era lícito y estaba suficientemente acreditado, y que no existía indicio de criminalidad por lo que hace a la supuesta colaboración con Los Zetas. Lo primero era de sentido común, elemental. Lo segundo le termina dando la razón a la PGR, que investigó a Moreira y determinó que no tenía antecedentes penales, ni mandamientos ministeriales ni judiciales.

México primero, y España después, han tratado de encarcelarlo. Pero no le han podido encontrar nada. Quizá aparezcan pruebas demoledoras. Por lo pronto, Humberto Moreira está limpio en un asunto que comienza a tomar tintes de persecución.

MENOS DE 140. Por si el perro que ladra, mordiera, y JC Chávez siguiera “molesto”, no olvides que no estás solo, Ricardo (Alemán).

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