…Y las víctimas qué?

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Norma Meraz¡Digamos la verdad!

Cuando reina la preocupación por el incremento en los delitos y homicidios, frente a autoridades que son incapaces por no atender los miles de casos y no aplicar la ley ¡Se llama impunidad!

A nadie le cabe duda que 2017 ha sido el año más violento en el país; que respecto de 2016, aumentaron en 55 por ciento los delitos y que el deterioro de la seguridad va en aumento, la violencia va más rápido.

Triste consuelo es saber que en el Estado Vaticano se registra el más alto nivel de criminalidad del mundo, tomando en cuenta el tamaño de su territorio y población.

¡Pero México preocupa y mucho!

Con 120 millones de habitantes, el gobierno federal quiere seguir viendo un país poblado por menores de edad y no se da cuenta que existe una sociedad emocionalmente enferma, gobernada con un “pragmatismo político”, que es igual al cinismo de un poder sin consistencia ideológica.

Cuando reina la preocupación por el incremento en los delitos y homicidios, frente a autoridades que son incapaces por no atender los miles de casos y no aplicar la ley ¡Se llama impunidad!

Indefensos, los ciudadanos ante tal desenfado de quien imparte justicia, estos se revelan manifestando su enojo anti sistema y seguro encontrarán  el modo de hacerlo, el UNO de julio en las urnas.

La impunidad es una epidemia que cunde en todos los órdenes de gobierno.

El día 27 de febrero de este año, desapareció Sarita Magdalena Salazar García, de 37 años de edad, enfermera, en la colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo. A los tres días apareció su cadáver ultrajado y aún no hay ningún delincuente detenido.

Sabido es que a la fecha son 30 las personas que aspiraban a un puesto de elección popular y fueron asesinadas.

Los casos de denuncias por maltrato abundan sin ser atendidas .

Uno concreto: en Toluca, Estado de México, fue presentada una denuncia  por maltrato por parte de un exgobernador a su esposa y aún cuando en la carátula de la carpeta de investigación No. 160250620111910 y aparece como INDICIADO, nunca se llevó el seguimiento y no solo eso, sino que desaparecieron el expediente cuando el Procurador de Justicia  era Alfredo Castillo.

Aún cuando no se cuenta con datos a 2017, durante los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto , según el INEGI, suman cuatro mil 509 menores asesinados, en promedio 3 niños por día.

La cifra de niños víctimas de la delincuencia organizada, ya sea por crear terror o bien los que son presa de mafias que los  utilizan para “trabajar”, se incrementa al cabo de los  días .

Se habla de los asesinatos, de los desaparecidos de los feminicidios, infanticidios, pero ¿de los deudos, de las familias agraviadas?

Para las autoridades les pasa  de noche la aplicación de la Ley general de Víctimas .

Dicha Ley  señala  que las autoridades están obligadas a: ”velar por la protección de las victimas, a proporcionar  ayuda, asistencia  o reparación integral que comprende los medios  de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición, en sus dimensiones, individual , colectiva, material, moral y simbólica “.

¿Quien atiende a los huérfanos, a las viudas, padres y familias enteras a quienes les han arrebatado a uno de sus miembros ?

¿De qué sirven las leyes si no se aplican?

Decir que vivimos en un Estado de Derecho, ¡Sería presunción!

¡Digamos la verdad!