Bajo esa perspectiva, los conflictos laborales iniciados antes de julio de 2020 quedan al margen del mecanismo de respuesta rápida. En la renegociación del T-MEC deberá refrendarse su uso… o podrá desecharse
La negociación del nuevo tratado comercial de América del Norte tocó a la administración peñista, pero su implementación se dio con plenitud durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entre las innovaciones del nuevo acuerdo, en materia laboral, destacó la implementación de mecanismo de respuesta rápida.
Esta herramienta —que fue calificada como la innovación más llamativa del T-MEC por la directora adjunta de la OIT, Sandra Polaski— se hizo de uso frecuente en México justo cuando Luisa María Alcalde estuvo al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Katherine Tai, representante comercial de la administración Biden, públicamente elogió la implementación de este mecanismo y la Confederación Europea de Sindicatos ha propuesto a los responsables políticos de la UE seguir los pasos seguidos en Norteamérica para resolver los conflictos laborales.
La Cuarta Transformación tuvo entre sus partidos coaligados al PT y entre sus aliados contó con importantes liderazgos sindicales, desde Napoleón Gómez Urrutia (mineros) hasta Alfonso Cepeda Salas (magisterio) y Pedro Haces (CATEM). La cercanía de Andrés Manuel López Obrador con el abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani y su esposa, Bertha Elena Luján Uranga, marcó los contenidos de su propuesta de reforma laboral, en 2019. Acabar con el outsourcing es una tarea inalcanzable, pero igualar el salario mínimo con el salario profesional será una de las mayores herencias —para bien y para mal—de la primera administración morenista.
AMLO prometió cumplir con el capítulo laboral del T-MEC que incluía la designación de los dirigentes sindical en procesos electorales democráticos. La tarea, cumplida parcialmente por el INE y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que encabezó el abogado chiapaneco Plácido Morales Vázquez, dejó al margen al SNTE, que aglutina a 1.6 millones de trabajadores.
El déficit crece en la implementación del mecanismo de respuesta rápida, ideado para garantizar el desahogo de las quejas por violaciones a los derechos de libre asociación y negociación colectiva, amparados por los tratados internacionales y una mediación expedita entre empresas, sindicatos y la sociedad civil.
La exhaustividad de las investigaciones de las autoridades estadounidenses no es concomitante a las labores de sus contrapartes mexicanas, que además negaron que el nuevo mecanismo aplicara en dos casos (Tridonex y Grupo México), bajo el argumento de que las posibles violaciones ocurrieron antes del 1 de julio de 2020, fecha de entrada en vigor del T-MEC. Y por supuesto, tampoco serían retroactiva la nueva legislación laboral.
Bajo esa perspectiva, los conflictos laborales iniciados antes de julio de 2020 quedan al margen del mecanismo de respuesta rápida. En la renegociación del T-MEC deberá refrendarse su uso… o podrá desecharse. Desmontar el corporativismo y clientelismo sindical que ahora busca reimplantarse a través de las organizaciones gremiales afines a la 4T podría quedarse como un mero propósito.
Efectos secundarios
AFECTACIONES. En vísperas del arranque del Congreso Internacional de Editores se conoció un estudio encargado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana que advierte sobre un punto crítico: la disminución en la participación de los programas gubernamentales en el mercado. La compra de libros de texto para secundaria se redujo 80%, comparado con 2022. Esta situación ha impactado principalmente a los editores educativos, quienes enfrentan un “bache” significativo por la falta de apoyo en programas como el de Conaliteg, advirtió el presidente del gremio editorial, Hugo Setzer.
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