Quién lo iba a decir, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó haciéndole un gran favor al presidente Peña Nieto y su gobierno. Seguramente sin proponérselo, los expertos desdramatizaron en unas semanas el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, que hace un año tenía a miles bramando ¡que renuncie … Continued
Quién lo iba a decir, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó haciéndole un gran favor al presidente Peña Nieto y su gobierno. Seguramente sin proponérselo, los expertos desdramatizaron en unas semanas el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, que hace un año tenía a miles bramando ¡que renuncie Peña Nieto!
Remontémonos al cataclísmico cuarto trimestre de 2014. Las protestas se multiplicaban y el gobierno parecía encallado en una piedra indescifrable. El papa Francisco animaba a los mexicanos “que sufren la desaparición de los estudiantes”. La quema de la puerta del Palacio Nacional y los enfrentamientos en la marcha del 20 de noviembre alentaban la idea de un gobierno desfondado y desesperado. Sí creo que hay quienes tienen por objeto quebrar el ánimo del Presidente, pero no lo conseguirán, nos dijo Peña Nieto a una decena de periodistas en los postreros días de diciembre. No se le veía aterrado por el vacío: tampoco transmitía mucho futuro.
Con una muy violenta protesta para penetrar la puerta del cuartel militar de Iguala, enero le dio la mano a los malos presagios. El 24 de febrero llegó el primer muerto en una manifestación en Acapulco. Y en marzo arribaron los expertos de la CIDH, que pronto fijaron la tesis de la desaparición forzada.
Como es sabido, los expertos presentaron su informe en septiembre. Lo hicieron con más ruido que contenido. Los familiares de Ayotzinapa se agarraron del documento para reclamarle al gobierno el engaño por la versión del entonces procurador, Jesús Murillo Karam, dos veces expuesta (noviembre y febrero) como la “verdad histórica”. Versión que se sintetiza en 10 palabras: los sometieron, los mataron, los quemaron, los tiraron al río.
Disipados los polvos y ecos del aniversario luctuoso, la lógica de las evidencias comenzó a acercar a los expertos con el gobierno. Las versiones coincidieron en el primer movimiento, el esencial: los normalistas fueron sometidos por un enjambre de grupos criminales y policías criminales. A partir de esa premisa, toda controversia era bienvenida. El gobierno del presidente Peña Nieto cedía una explicación de hechos a cambio de tranquilidad social. Excelente negocio.
“La reunión se dio en términos muy respetuosos, muy cordiales”, me dijo ayer el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, sobre el encuentro del miércoles entre familiares, expertos de la CIDH y el secretario Osorio Chong. “Finalmente se ha construido una interlocución bastante cordial que hoy funciona de manera bastante fluida. Esto hay que reconocérselo de manera clara al grupo de expertos y a los familiares”.
Ya no hay “verdad histórica”. El gobierno acepta no saber qué fue lo que ocurrió después del sometimiento de los 43, pero campea la cordialidad. Magnífico quid pro quo.
MENOS DE 140. El INE investigará de oficio el affaire Preciado-Teletón. Si Preciado ganara por unos votos en Colima, le aplicarán el “criterio Peralta”.
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