La AEM desaparece y sus funciones son absorbidas por una dirección general en la ATDT que se orientará a la administración, operación y comercialización de la infraestructura y los recursos satelitales de telecomunicaciones
Desaprovechados, los recursos satelitales a disposición del Estado mexicano. Ya sea para la prevención y mitigación de desastres naturales, la optimización de las operaciones en el espacio aéreo y marítimo, la gestión de los recursos hídricos o incluso el fortalecimiento de la seguridad nacional.
La Agencia Espacial Mexicana ha desaparecido, por decreto. Sus funciones —y su personal— ahora quedan en la jurisdicción de la nueva Agencia para la Transformación Digital, que por la reforma constitucional tendrá que hacerse cargo de la política pública en materia de telecomunicaciones e infraestructura satelital.
Afectados por la austeridad republicana y la “simplificación orgánica”, los aparatos burocráticos que ahora deberán reportar a José Merino se han declarado en desacuerdo con el rediseño institucional, pues “deja fuera una parte crítica de las atribuciones necesarias para el desarrollo del sector espacial nacional” y se pronunciaron a favor de la continuidad de la AEM como un organismo especializado, con rectoría y mandato claro… aunque ahora –proponen— sectorizado en la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades.
Un reacomodo –sostienen en una misiva que entregaron en Palacio Nacional hace dos semanas— que coadyuvaría al cumplimiento de las instrucciones presidenciales en materia aeroespacial y aligeraría a la ATDT, encargada de la digitalización de trámites y servicios gubernamentales, la simplificación administrativa, la mejora de la atención ciudadana y la cobertura universal de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
La reforma constitucional encargó a la nueva dependencia la instalación, operación, mantenimiento y explotación del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT) y el lanzamiento de un nuevo satélite de telecomunicaciones en órbita geoestacionaria.
La AEM desaparece y sus funciones son absorbidas por una dirección general en la ATDT que se orientará a la administración, operación y comercialización de la infraestructura y los recursos satelitales de telecomunicaciones.
¿Y la formulación y ejecución de la Política Espacial? ¿Y la promoción del desarrollo de sistemas espaciales (segmento terrestre, de lanzamiento y orbital), la investigación científica, la formación de talento, la normalización y regulación, el desarrollo industrial, la sostenibilidad ambiental, la vinculación, la divulgación científica, así como la cooperación internacional, la asesoría al gobierno federal en la implementación de los diversos acuerdos internacionales, vinculantes y no vinculantes, ratificados por México en el campo espacial?
El sector espacial mexicano no está constreñido solo a la observación de la tierra, la navegación y la geolocalización, sino que se extiende a campos tan diversos como la robótica, la cohetería experimental y la meteorología, entre otras disciplinas. Y su relevancia económica está más allá de cualquier duda razonable: a nivel global representó un valor estimado anual de 400,000 millones de dólares en 2023, según la Satellite Industry Association. A su vez, el Fondo Económico Mundial proyecta que esta cifra alcanzará 1.8 billones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual de 9%, superior al incremento promedio del PIB mundial. De este modo, consolidar un sector espacial próspero y soberano en México, de manera que se aproveche el auge de la economía espacial y se evite un rezago mayor, significa una área de oportunidad enorme.
A pesar de la existencia y la labor de la AEM, hasta este sexenio no había una política impulsada desde la agenda del Ejecutivo para considerar al espacio como un eje de desarrollo económico, tecnológico y social para México, con una visión de innovación pública e inversión. No obstante, persisten desafíos como la dependencia de proveedores extranjeros en sistemas satelitales, la consolidación de políticas de largo plazo que aseguren la soberanía tecnológica en telecomunicaciones, observación y navegación satelital, la insuficiente inversión en ciencia y tecnología espaciales y la necesidad de un marco legal fortalecido y alineado a las necesidades y perspectivas del Programa Especial Mexicano y del propio sector.
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